Nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo, tiene un proceso por corrupción en Guatemala: qué pasó

Luz Adriana Camargo se encuentra en el foco de la atención pública al haber sido elegida fiscal General por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Colombia.

Sin embargo, su nombramiento deberá enfrentar serios cuestionamientos debido a una investigación en curso en Guatemala relacionada con presuntos actos de corrupción durante su periodo de colaboración en la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, entre 2013 y 2017.

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Este escenario sitúa tanto a Colombia como a Guatemala en una delicada posición a nivel internacional, debido a las implicaciones de tener altos funcionarios bajo la lupa por corrupción.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala anunció en enero de 2023 que está procediendo con acciones legales contra Camargo y Velásquez, acusándolos de establecer acuerdos anormales con la multinacional brasileña Odebrecht. Estos acuerdos habrían comprometido la integridad de las funciones que ambos desempeñaban en la Cicig, una entidad encargada de luchar contra el crimen organizado y la corrupción en Guatemala.

La elección de Camargo como jefa del ente investigador en Colombia, mientras enfrenta estas acusaciones, resalta las complejas dinámicas de la política y la justicia a nivel internacional, especialmente en casos que involucran a varios países y figuras de alto perfil.

Este desarrollo ocurre en medio de la controversia que rodea su nominación y plantea interrogantes acerca de cómo estas acusaciones podrían afectar su desempeño y la percepción de la justicia en Colombia.

La comunidad internacional, así como los ciudadanos de ambos países, observan de cerca los desenlaces de estas investigaciones y procesos electorales, conscientes de que las decisiones que se tomen tendrán un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y en la capacidad de las instituciones para mantenerse al margen de influencias indebidas.

Asimismo, se pone en evidencia la importancia de realizar elecciones de altos cargos judiciales bajo criterios de transparencia y debida diligencia, asegurando que aquellos seleccionados para liderar la lucha contra la impunidad estén libres de cualquier sospecha.

La Fiscalía de Guatemala, en enero de 2023, intensificó su crisis judicial con un caso contra Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, acusándolo sin evidencias sólidas de corrupción. Este escenario resalta más la problemática de corrupción que golpea al sistema jurídico de Guatemala que al propio Velásquez. El anuncio no solo reflejó las turbulencias internas, sino que también repercute en el ámbito internacional, poniendo en relieve las crecientes tensiones entre Guatemala y Colombia por este caso.

La acusación contra Velásquez, exdirector de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual ministro de Defensa Colombiano, parece carecer de fundamento. Velásquez gozaba de inmunidad otorgada por la ONU durante su mandato en la Cicig, y contó con el apoyo firme del presidente, Gustavo Petro.

Los cargos, que se basaron en supuestas negociaciones con la empresa Odebrecht, no presentan pruebas de actos delictivos. Por el contrario, muestran a un Velásquez aprobando cooperaciones legales y convencionales usadas en múltiples naciones para destapar esquemas de sobornos. Además, estos acuerdos habían recibido la aprobación de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

La situación se complica aún más con la liberación de políticos previamente investigados por recibir sobornos de Odebrecht, lo cual, según Human Rights Watch, revela una persecución hacia aquellos que trabajaron por la transparencia. La fiscalía también emitió órdenes de captura contra otros importantes defensores anticorrupción, incluidas figuras destacadas como Thelma Aldana.

En respuesta, Transparencia Internacional ha demandado la retirada de los cargos, enfatizando el compromiso de Guatemala con la Cicig y la protección contra la corrupción avalada por la comunidad internacional.

Este caso subraya la volátil situación en Guatemala, donde los esfuerzos por combatir la corrupción se ven socavados por acciones que parecen motivadas por intereses corruptos y políticos. La comunidad internacional, incluida la ONU, ha sido llamada a intervenir en defensa de aquellos que enfrentan persecución por su lucha contra la corrupción.