Martha Mancera estaría detrás de “jugadita” en víspera de la elección de la nueva fiscal General

La fiscal General de la Nación encargada, Martha Janeth Mancera, estaría protagonizando una serie de maniobras con las que dejaría atada a la que llegue a sucederla en el cargo, en decisión que tomaría la Corte Suprema de Justicia el martes 12 de marzo de 2024, cuando se reúna para una sesión extraordinaria en la que se decantarán, en un quinto intento, entre Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.

Según denunció la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en alianza con la revista Raya, Mancera —que tomó las responsabilidades de fiscal (e) ante la terminación del periodo de Francisco Barbosa Delgado— ha emitido cerca de nueve resoluciones en un solo día, el 26 de febrero de 2024, con las que buscaría modificar de forma drástica la estructura y delegación de poderes dentro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y otras instancias judiciales.

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Estos cambios, que se llevan a cabo justo antes de la designación de un nuevo titular del organismo de investigación por parte del alto tribunal de justicia, han generado una ola de críticas y preocupaciones sobre la verdadera intención detrás de estas reformas y el posible impacto en la autonomía y eficacia de la Fiscalía. Y no es para menos, pues en torno al nombre de la funcionaria hay una serie de inquietudes.

Uno de los cambios más significativos establecidos por la sucesora de Barbosa pasa, según señaló Pares, por la delegación de las responsabilidades de seguimiento y evaluación de los órganos de Policía Judicial de la fiscalía a la vicefiscalía. Esta medida ha sido interpretada como una acumulación excesiva de poder en este cargo, hoy ocupado por Hernando Toro, y que limitaría de forma significativa la autonomía y autoridad de la próxima fiscal General.

Entre las entidades que deberían reportarle a la vicefiscalía su accionar, en lo que respecta a trabajos conjuntos con la entidad, se encuentran Seccional de Investigación Judicial (Sijín), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y los organismos de control disciplinario y fiscal, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Esto encendió las alarmas entre quienes consideran que esto afectaría la gestión de la persona que llegue.

Además de organismos como Migración Colombia, al que se sumaría entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, los alcaldes e inspectores de Policía, las autoridades de tránsito, los Directores Nacional y Regional del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), y los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia destinado para tal fin.

Élmer Montaña, abogado consultado por Pares y Raya, indicó que es “muy probable” el autor o autores de estas reformas tengan interés en “minar el poder de la próxima fiscal”, pues parecen tener el objetivo de crear estructuras paralelas dentro de la Fiscalía, lo que complicaría la tarea del fiscal que tome posesión. Y señaló la resolución que modifica el CTI, al alterar la ley existente, como ilegal, pues no existe la posibilidad de que un acto administrativo modifique una ley.

Según se reseñó en la investigación, estas modificaciones introducirían nuevas megaestructuras dentro de la Fiscalía, como la Dirección de Apoyo a la Investigación y análisis contra la criminalidad organizada, cuya creación fue proyectada por Mauricio Andrés Morales Hurtado, director de Políticas y Estrategias del organismo acusador. Con ello aumentaría, según expertos, la concentración de poder en la entidad, además de fomentar la burocracia.

Por su parte, el exfiscal Eduardo Montealegre Lynett advirtió de la ilegalidad de esta restructuración, e hizo énfasis en las graves implicaciones que tiene para la administración de justicia y la posible continuidad de Mancera en un papel protagónico, que trascienda más allá de su interinato.

Según Montealegre, que estuvo entre 2012 y 2016 en el cargo, estas resoluciones, además de complicar la estructura de la Fiscalía, pueden contribuir a que sea aún más lenta la administración de justicia y fomente de este modo la impunidad; especialmente en un contexto en el que ya se denuncia dentro de la misma entidad la escasez de fiscales e investigadores para llevar a cabo las indagaciones sobre los casos que son remitidos a la entidad.