El proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro aún no surte el primer debate en la plenaria del Senado de la República. La oposición, liderada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, se ha salido con la suya en los tres intentos que se han dado al respecto, ya que no permitieron que haya cuórum para, al menos, votar los impedimentos del proyecto de ley.
Y es que este se perfila como una revolución en el sistema de ahorro para el retiro de millones de trabajadores. La iniciativa sugiere una redistribución significativa de fondos de los esquemas privados al público, gestionado por Colpensiones, lo que afectará a una población laboral estimada en 18 millones de personas.
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Específicamente, se prevé que los trabajadores con ingresos mensuales hasta de $3.900,000 sean incorporados a Colpensiones, lo que marca un cambio radical en la administración de los recursos pensionales en el país.
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es la alternativa que se ofrece a quienes superan el umbral de ingresos mencionado. Para un trabajador que gane $4.500,000 al mes, los primeros tres salarios mínimos, equivalentes a $3.900.000, se destinarían a Colpensiones, mientras que cualquier excedente, en este caso, $600.000, podría ser administrado por el fondo privado de su elección (Protección, Porvenir, Skandia o Colfondos). Esta disposición introduce una flexibilidad notable en el manejo de las contribuciones pensionales.
Ajuste del umbral de contribución
Sin embargo, este planteamiento no está exento de críticas. Varios analistas y entidades, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), argumentan sobre la posibilidad de ajustar el umbral de contribución a Colpensiones a 1,5 salarios mínimos ($1.950.000) en lugar de tres.
Según ellos, esto no solo aliviaría la carga fiscal que implicaría para el Estado el subsidio a los jubilados, sino que también permitiría una asignación más eficiente de recursos hacia la población más necesitada.
“Es necesario que los privados puedan asumir la prestación de ese servicio”, indican los críticos de la medida, quienes temen que asignar una porción demasiado amplia del ahorro pensional al sector público pueda tener implicaciones fiscales significativas para el país. No obstante, existe un consenso sobre la urgencia de reformar el sistema pensional para hacerlo más equitativo y eficiente, especialmente en lo que respecta a la entrega de pensiones y el acceso a las mismas.
Bono pensional
La propuesta de reforma también contempla una medida de apoyo directo a los adultos mayores en situación de pobreza. Se trataría de un bono mensual de $225.000 para quienes tengan más de 80 años de edad, una iniciativa que ha sido bien recibida, ya que apunta de manera directa a aliviar la situación de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Bajando el umbral a los 1,5 salarios mínimos, el Gobierno tendría que gastar menos recursos en los subsidios”, apuntan desde Asofondos. El gremio, que lidera el economista Santiago Montenegro, enfatiza en la necesidad de encontrar un equilibrio que permita la sostenibilidad fiscal sin descuidar la protección a la población más necesitada.
En este sentido, el proyecto de reforma pensional se presenta como una oportunidad para repensar profundamente la manera en que Colombia aborda la jubilación y el bienestar de sus ciudadanos en la vejez.
Es en este contexto de debate y análisis que el Gobierno de Gustavo Petro avanza en el intento de reformar un sistema que considera ineficiente y poco solidario. Aunque aún son necesarias discusiones profundas y ajustes en el proyecto de ley, lo cierto es que la iniciativa puso sobre la mesa la urgencia de reformar un sistema pensional que pueda garantizar una vejez digna para todos los colombianos.