A la llegada de Gustavo Gómez Aranguren a la dirección de la Agencia Jurídica del Estado se le atravesó un obstáculo que le impediría ser nombrado. La edad del abogado lo inhabilitaría para asumir un contrato público, pero se estudia si está dentro de las excepciones a la norma.
La Presidencia de la República había designado a Gómez Aranguren a finales de febrero para reemplazar a Martha Lucía Zamora, quien presentó su renuncia a la Agencia Jurídica por el conflicto que se desató con el canciller Álvaro Leyva, a raíz de la licitación de pasaportes.
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Aunque ya se había publicado la hoja de vida del funcionario en la página de la Función Pública, un paso previo para asumir un contrato público, por lo que se daba por hecho que sería el nuevo encargado de los litigios estatales, pero todo parece haberse caído.
El problema para Gómez Aranguren es que tiene 71 años, por lo que ya superó la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos. Según la norma de la Función Pública, las personas que superen los 70 años de edad o se jubilen con pensión de vejez no podrán ser contratados.
Sin embargo, el decreto contempla varias excepciones en cargos como presidente de la República, ministros de despacho o director de Departamento Administrativo. Así mismo se excluyen de esa limitación viceministros, secretarios generales, directores de entidades descentralizadas, misiones diplomáticas, secretarios privados, consejeros, cargos de elección popular.
Los demás cargos, advierte la norma, deberán cumplir con el requisito de que los funcionarios no superen la edad de retiro forzoso. Sin embargo, desde la Presidencia evaluarían si es posible proceder con el nombramiento, dada la naturaleza de la Agencia Jurídica del Estado.
Esta no es la única duda que rodea al nombramiento de Gómez Aranguren en esa entidad. Varios medios de comunicación señalan que la designación se puso en duda por cuenta de la postura que manifestó como experto respecto a la licitación de los pasaportes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de la disputa del canciller Leyva Durán con la empresa Thomas Greg & Sons.
El canciller encargado Luis Gilberto Murillo espera que desde la Agencia Jurídica se aborde la licitación que ya está bajo la lupa de la Procuraduría. Al respecto, Gómez Aranguren había dicho que consultaría al Consejo de Estado, del que fue presidente, para seguir sus recomendaciones sobre los pasos a seguir.
En entrevista con El Colombiano, el abogado sostuvo que no había que preocuparse, pero señaló que en caso de reversar una licitación, debían asumirse los costos asociados a la licitación, más no todas las pretensiones por las que radicó denuncia Thomas Greg.
“La verdad no es tan complicado. La gente se asusta y se preocupa, pero hay mucha jurisprudencia que desarrolla el asunto. A uno le parece fatal que las finanzas públicas se vean involucradas, pero en realidad solo se tendría que reconocer lo que se gastó en la licitación, no lo que se esperaba devengar”, afirmó el abogado.
La hoja de vida ya no se encuentra en la Función Pública y se está a la espera de si es ratificado o reemplazado por otra personas. Gómez Aranguren señaló a Cambio que no conoce la decisión de no ser nombrado y que prepara su llegada a la Agencia Jurídica retirándose de sus litigios particulares y los casos que llevaba de manera privada.
El abogado tiene una amplia experiencia en derecho público e internacional humanitario, con paso como docente en múltiples universidades del país. Pasó 38 años en la Rama Judicial en la que fue juez de varias especialidades, hasta ser magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado y presidente en 2012.