Bogotá continúa aguardando la promulgación de un decreto que establezca regulaciones sobre el consumo de estupefacientes en lugares públicos, una tarea pendiente en la agenda del alcalde Carlos Fernando Galán. Actualmente, la regulación se rige por normativas que se remontan a 2019, las cuales presentan ambigüedades en cuanto a las restricciones aplicables.
Comparativamente, otras metrópolis colombianas como Cali y Medellín ya han avanzado en este tema, implementando medidas de corte prohibicionista que priorizan la protección de los derechos de menores, aunque estas no ponderan los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas, según la investigación de Juan Camilo Parra, de El Espectador.
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Las políticas adoptadas por Cali y Medellín reflejan un enfoque diferente al que se espera en Bogotá, pues sus reglamentaciones explícitamente defienden el interés superior de la niñez y adolescencia, dejando de lado la consideración hacia quienes consumen dichas sustancias, hecho que para el concejal José Cuesta no está mal, pero podría ser incluyente con los consumidores.
Esta iniciativa establece zonas específicas para el consumo de la dosis personal, alejadas de escuelas y parques, anunció el funcionario. La propuesta incluye directrices claras sobre la ubicación de estas áreas, situándolas a más de cinco mil metros de lugares frecuentados por niños y niñas.
Según Cuesta, en conversaciones con El Espectador, el objetivo de la medida es equilibrar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los adultos con la protección de los derechos fundamentales de los menores. Esta acción también pretende evitar conflictos legislativos futuros.
La medida responde a una realidad social en la que, de acuerdo con datos de la secretaría de Salud, aproximadamente 400.000 personas en la región mantienen un consumo regular de marihuana. Este esfuerzo legislativo se ampara en la sentencia 221-94 de la Corte Constitucional, que reconoce el consumo de cannabis dentro del marco de los derechos constitucionales.
El proyecto también contempla la responsabilidad del Distrito en la señalización adecuada de las zonas de consumo permitido y la implementación de campañas de concienciación por parte de la secretaría de Seguridad. Estas medidas buscan informar a los ciudadanos sobre las áreas designadas y su propósito, promoviendo así un consumo responsable y respetuoso. Además, cada espacio designado para el consumo contará con el apoyo de personal de la secretaría de Salud, ofreciendo acompañamiento social y profesional a los consumidores.
Este enfoque innovador hacia la regulación del consumo de cannabis en espacios públicos representa un paso adelante en la búsqueda de un equilibrio entre los derechos individuales y la protección de la comunidad, especialmente los menores de edad. Este proyecto se inscribe dentro de un marco más amplio de políticas públicas que apuntan a una convivencia armoniosa y respetuosa en el Distrito Capital.
Bogotá se encuentra en un momento crucial para definir su posición en este asunto, evidenciando la complejidad de equilibrar distintos derechos en juego. Esto revela un panorama diverso en el abordaje legal y social del consumo de drogas en Colombia, marcando diferencias significativas entre sus principales ciudades.
La demora en la emisión de este decreto en Bogotá despierta interrogante sobre el enfoque que tomará la capital respecto a esta problemática. La administración de Galán se ve enfrentada a un dilema mayor: encontrar un punto medio que contemple el bienestar colectivo sin infringir los derechos individuales de los consumidores.
La expectativa en torno a la decisión final es alta, tanto por parte de la ciudadanía como de organismos de derechos humanos, quienes abogan por políticas que no solo restrinjan, sino que también ofrezcan alternativas y soluciones a las problemáticas subyacentes del consumo de sustancias.
Las decisiones tomadas por las alcaldías de Cali y Medellín han sentado un precedente que indudablemente influirá en la resolución de Bogotá, aunque el contexto y las demandas sociales en cada ciudad puedan variar. La resolución de Bogotá no solo afectará a sus habitantes, sino que también podría marcar un rumbo para otras localidades enfrentadas a desafíos similares.