“Secuestrados” por siete grupos criminales: así se sienten los vecinos que viven encerrados en un barrio de Bogotá

En Bogotá, el barrio María Paz, situado en la localidad de Kennedy, enfrenta una realidad alarmante en la que los ciudadanos viven en un estado de preocupación constante debido a la presencia y acciones de hasta siete grupos delincuenciales.

Estos grupos mantienen a los habitantes en un estado de cautiverio autoprovocado (autosecuestro) por el miedo a caer víctimas de la variedad de crímenes que allí se cometen, incluyendo hurtos, violencia, y extorsión, entre otros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los reportes indican que las actividades ilícitas en María Paz abarcan desde la fabricación y tráfico de drogas hasta la explotación sexual, afectando gravemente a la comunidad. La presencia de estos grupos ha transformado la vida cotidiana de los residentes, obligándolos a tomar medidas extremas para protegerse, como encerrarse en sus propias casas.

El concejal Óscar Ramírez Vahos identificó a los principales responsables de la inseguridad en la zona, entre ellos el Tren de Aragua, Los Camilos, Aquila, Satanás, Ruanas, Morados y Los Caraqueños, subrayando la falta de efectividad de las fuerzas del orden, que cuentan con un escaso número de efectivos para enfrentar esta ola delictiva.

“Lo preocupante es que esta situación cada vez se expande más y pese a que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, las autoridades aún no despliegan acciones con la contundencia que la ciudadanía amerita, configurándose cerca de 14 años de desacato a la acción popular proferida desde el año 2011″, manifestó el concejal Óscar Ramírez Vahos a Red+ Noticias.

La localidad de Kennedy, especialmente la UPZ Corabastos, es el foco de una variedad de delitos, desde homicidios hasta el uso de narcóticos, los cuales representan una porción significativa de la criminalidad reportada en la región.

Sin embargo, la respuesta de la fuerza pública se ve superada por la magnitud del problema, con solo 52 uniformados disponibles para patrullar la zona. Este déficit en la seguridad pública ha tenido un impacto directo en el bienestar de la comunidad, que incluso ha tenido que organizar escoltas para aquellos que salen o entran del barrio para sus actividades diarias.

El concejal Ramírez Vahos también destacó el vertiginoso aumento en los delitos, con porcentajes alarmantes en amenazas, delitos sexuales, extorsión, y hurto a personas. A pesar de las múltiples denuncias realizadas por los habitantes y las promesas de acción, las medidas efectivas de las autoridades parecen faltar, dejando a la comunidad en un estado de vulnerabilidad y exigiendo soluciones que pongan fin a años de negligencia y delincuencia descontrolada.

El fallo del Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Bogotá del 6 de octubre de 2011, que ordenaba acciones inmediatas para la protección de los habitantes del sector de María Paz y la recuperación del orden público, no logró los resultados esperados tras más de una década. Las medidas adoptadas hasta la fecha, incluyendo intervenciones institucionales y decretos, no han impedido el deterioro de la zona, evidenciando un aumento en la ocupación indebida del espacio público, tráfico de estupefacientes, violencia e inseguridad.

En 2017, el Distrito realizó una intervención exitosa que por un breve periodo mejoró la situación de María Paz, atenuando la presencia delincuencial y recuperando espacios públicos. Sin embargo, estas mejoras fueron temporales y la situación se revirtió al flexibilizarse las actuaciones institucionales. A pesar de iniciativas como los Centros de Atención Móvil a la Drogodependencia y los Pactos por la Dignidad Humana y Corotera, las problemáticas del barrio se han mantenido e incluso profundizado.

“Las actuaciones institucionales que prosiguieron flexibilizaron los resultados alcanzados; llegada de los Centros de Atención Móvil a la Drogodependencia y unos años más adelante los Pactos por la Dignidad Humana y Corotera que, en lugar de avanzar en procesos de reubicación y formalización, consolidó su permanencia”, añadió Ramírez Vahos..

Los Decretos 771 de 2019 y 203 de 2022, así como la Resolución 137 de 2023, son algunas de las medidas administrativas implementadas con el objetivo de revertir la situación. No obstante, el concejal Ramírez Vahos señala que los conflictos en el barrio persisten y la comunidad desconoce los resultados esperados de tales iniciativas. El barrio enfrenta desafíos que incluyen tráfico y consumo de drogas, la presencia de bandas delincuenciales y una creciente inseguridad.

El impacto negativo no solo se limita a la seguridad y orden público. Las actividades informales y problemas urbanísticos afectan directamente la economía local. Según una encuesta del Dane, el 59% de la población de María Paz, aproximadamente 33.469 personas, viven en condiciones de pobreza monetaria.

Este entorno desfavorable subraya la urgencia de desarrollar y ejecutar una estrategia integral que incluya planes de seguridad, justicia, programas socioeconómicos y de revitalización urbana, tal como sugiere el concejal Vahos, para reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de vida en la zona.