El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue contundente al responder a los cuestionamientos que han surgido debido al anuncio del Gobierno nacional de tener una meta para la erradicación de cultivos ilícitos de tan solo 10.000 hectáreas, la mitad de la cifra que fue presupuestadas para el 2023.
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De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, se tendrá en cuenta que el proceso de la eliminación de cultivos ilícitos industriales se realizará distinguiendo entre las industrias del tráfico de estupefacientes y los pequeños cultivos de coca manejados por campesinos: “Como se había dispuesto desde el Gobierno nacional iniciando la gestión del presidente Petro, que la erradicación forzada solo estaría dirigida contra cultivos industriales, no contra los campesinos pobres cultivadores de coca y esa es una decisión que se mantiene”.
Uno de los puntos resaltados por el ministro Velásquez fue que durante el año pasado se sobrepasó el límite de erradicación, ya que fueron erradicadas 28.000 hectáreas de las 20.000 establecidas para el 2023. Aunque se debe señalar que durante el último año del Gobierno del expresidente Iván Duque fueron erradicadas 50.000 hectáreas.
Pero el jefe de la cartera de Defensa ha sido enfático en destacar que, pese a los datos que arrojan Naciones Unidas de cerca de 230.000 hectáreas de cultivos de coca que el país presentaba a finales de 2022, el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (Siima) de la Policía Nacional reveló un máximo de 259.000 hectáreas en abril de 2023, mientras que en diciembre de ese año pasaron a ser 246.000 hectáreas, evidenciando una disminución de 13.000 hectáreas desde el pico alcanzado en abril de ese año.
El ministros Velásquez resaltó que el sistema de medición Siima tiene idoneidad para los intereses del Estado colombiano: “Tiene una probada tecnología, que tiene una probada base de credibilidad que además aporta información al sistema de medición de Naciones Unidas, tiene la ventaja para nosotros en este seguimiento se hace tres o cuatro mediciones al año”.
Aunque para Miguel Tunjano, coronel retirado de la Policía Antinarcóticos, el sistema de medición que es más conveniente para el país es el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), el cual, de acuerdo con el exuniformado, tiene una precisión que radica en que se encarga de cubrir y analizar toda la extensión del territorio nacional de los países involucrados, utilizando imágenes satelitales que se capturan en un periodo específico que va desde octubre hasta enero del año siguiente.
“El Siima lo hace con reconocimientos aéreos, con una cámara que tiene el avión, que fue donada por los Estados Unidos, la embajada, y toma fotografía y video georreferenciado. Lógicamente, un avión no tiene la capacidad mensualmente de recorrer todo el país, recorre un núcleo y ellos van haciendo estimaciones”, indicó el coronel retirado a Semana.
Mientras que el ministro Velásquez ha enfatizado en la importancia de disponer de un sistema de medición más preciso y actualizado para monitorear adecuadamente el progreso en la lucha contra los cultivos ilícitos, en Estados Unidos observan con alarma la disminución sustancial que ha habido en la erradicación de cultivos ilegales, teniendo en cuenta las cifras que dejó el expresidente Duque y las 10.000 hectáreas propuestas para esta año por parte del Gobierno Petro.
Precisamente en el Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos emitido por el Departamento de Estado, se señalaron los riesgos que afronta el país si no se fortalece el campo y se incrementan las acciones para erradicar los cultivos de coca y sus promotores.
“El cultivo de coca en Colombia continúa aumentando debido a la falta de desarrollo rural y seguridad, así como por una demanda sostenida o creciente en los países consumidores. Para prevenir un crecimiento adicional del cultivo de coca, Colombia necesitará expandir dramáticamente la seguridad y el desarrollo rural, mientras continúa con la erradicación forzada, amplía la erradicación (voluntaria) y aumenta las operaciones de interdicción de cocaína y precursores”, se aprecia en el documento que publicó El Tiempo.