Firmante del Acuerdo de Paz en Colombia habría sido asesinado por manos de las disidencias de las Farc

En la mañana del 10 de marzo, Colombia se viste de luto una vez más con la confirmación del asesinato de Luis Carlos Pineda, excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc y firmante del Acuerdo de paz. Pineda, de 56 años, se encontraba en proceso de reincorporación en el departamento del Caquetá, donde lideraba un proyecto productivo de ganadería de acuerdo con el Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los trágicos eventos ocurrieron en la tarde del 8 de marzo, cuando hombres armados, presuntamente identificados como miembros de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, liderados por alias Iván Mordisco, irrumpieron en la vivienda de Pineda en la vereda La Pradera, entre los municipios de El Doncello y Puerto Rico, según conoció Semana.

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Luego del secuestro que conmocionó a la región, las autoridades confirmaron que Pineda había sido asesinado en medio de disputas territoriales entre diferentes grupos armados que operan en la zona. Algunos de esto son el Frente Rodrigo Cadete del bloque sur oriental del EMC y la Estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, continúan representando una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la población civil.

La muerte de Pineda resalta la peligrosa situación que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reintegración, especialmente en áreas donde la presencia de actores armados aún es significativa.

La Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 007/20, en ella advertía sobre los riesgos para la seguridad de estos individuos, así como para las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región.

Autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Según organizaciones como Indepaz, Pineda se convierte en el firmante número seis del Acuerdo de paz asesinado en lo que va del año 2024, lo que es muestra de la persistente violencia que aún afecta a Colombia.

Cabe anotar que desde el pasado 15 de enero se extendió el cese al fuego bilateral y temporal entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), trato que está en vigor hasta el 15 de julio de 2024. Esto incluye que no hay operaciones militares ni policiales ofensivas contra ese grupo armado ilegal.

El objetivo de ese cese al fuego, como se lee en el papel, es fortalecer “el proceso de paz, la profundización de las transformaciones territoriales y el reemplazo de las económicas ilícitas, la protección del ambiente, la participación de la sociedad y la protección humanitaria de la población civil”.

La violencia contra los firmantes del acuerdo de paz en Colombia continúa cobrando vidas. Nada más en 2023 fueron 44 muertes de este tipo y, con el reciente asesinato de Luis Carlos Pineda, ya son seis los reincorporados víctimas de la violencia en 2024. El quinto fue Eywar Yamid Moran, reconocido líder y firmante del acuerdo de paz, que fue brutalmente asesinado en Santander de Quilichao, Cauca, el 10 de febrero. Moran, además, de ser miembro de la Cooperativa Coomeep, lideraba la guardia indígena del Resguardo de Pueblo Nuevo de Caldono, Cauca.

Este suceso se suma a una serie de ataques mortales contra líderes comprometidos con la construcción de paz en el país. José Enrique Roa Cruz en Pitalito, Huila. Roa Cruz, acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y miembro destacado de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI), fue encontrado sin vida el pasado 14 de enero.

El tercero de los asesinatos ocurrió el 19 de enero y se llevó la vida de José Alirio Chochué, un líder espiritual del pueblo Nasa, quien murió en su vivienda en Caldono, Cauca.

El segundo caso registrado este año fue el de Juan Gabriel Hurtado, quien fue encontrado sin vida el 6 de enero en La Macarena, Meta. Hurtado, firmante del acuerdo de paz en proceso de reincorporación en el departamento del Meta, fue víctima de la creciente violencia en la región.

El primero de estos crímenes ocurrió el 1 de enero, cuando Giovanny Chávez Vega, también firmante del acuerdo de paz, fue asesinado en El Bordo, Cauca.

Estos trágicos eventos resaltan la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección para los líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz en Colombia, sobre todo porque esos asesinatos demuestran un accionar sistemático: los criminales saben su lugar de residencia, las zonas que frecuentan y las labores sociales y económicas a las que se dedican. La persistente violencia armada en algunas regiones del país sigue representando una amenaza para la construcción de una paz estable y duradera.