Procuraduría calificó de “aberrante” la propuesta de excomandantes de las Farc de crear una ley de punto final

El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”.

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El delegado del Ministerio Público también se refirió a las preocupaciones e inconformidades de víctimas y representantes con respecto a los resultados de la JEP e hizo un gran llamado a que se colmen las necesidades y las expectativas de las víctimas, pero también a que se refuerce, no solamente esa jurisdicción, sino las competencias, las capacidades y las exigencias propias de la justicia transicional.

Acosta pidió a los comparecientes ante el tribunal de paz mayor compromiso con la verdad, pues aseguró que “uno no se puede ir de esta vida sin reparar a las víctimas porque hay obligaciones jurídicas y obligaciones naturales. El firmar con el uniforme limpio, con las botas brillantes, con la chapa brillante y con las medallas brillantes, pero con el corazón sucio y las manos untadas es una contradicción y es algo que no puede ser perpetuo. No se vayan de esta vida con todo eso enlodado”.

Por otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía General de la Nación, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La Fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.

Frente al crimen de tortura señaló que es importante ahondar en estas agresiones que además fueron seguidas de intimidaciones a familiares, persecuciones, amenazas y retenciones por largos períodos; recordó además que el Ministerio Público ya realizó un llamado en las observaciones para que se empleara la imputación sobre este delito, elemento que hoy en día se ha reiterado.

“Quienes juraron la bandera y juraron defender la patria, quienes tenían obligaciones de hacer y de no hacer, quienes en el mejor de los casos tenían la obligación de denunciar, de señalar, de indicar qué estaba pasando y no lo hicieron, ahora ponen en cuestión su impunidad”, finalizó Acosta.

El objetivo principal la ley de punto final es otorgar amnistías generales para poner fin a las acusaciones penales contra los excombatientes.

Dicha iniciativa fue presentada por excombatientes de las Farc y la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que, a su arribo a Colombia tras purgar una pena en Estados Unidos, habló de promover este mecanismo para obtener verdad.

Lo que ha dicho el Gobierno de Gustavo Petro sobre la propuesta se ha centrado en un posible análisis de la misma. El ministro de Defensa, Néstor Osuna, aseguró que se puede estudiar el tema pero tendrá como principal condición la protección de los derechos de las víctimas.

“Tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas; sin embargo, la principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla”, aseguró el jefe de cartera.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también expresó su perspectiva sobre la viabilidad de aplicar la Ley de Punto Final en Colombia a través de su cuenta oficial en la red social X el pasado 3 de marzo. Allí expresó que una de ese estilo sería inaceptable.

En sus palabras, Uribe dijo: “La ley de punto final: es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros”.