Histórico fallo exige a la Iglesia católica disculparse por abuso sexual. El caso llegará al papa

En un fallo histórico, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá determinó que la Iglesia Católica debe realizar un acto de disculpa pública hacia dos hermanos, víctimas de abuso sexual, físico y psicológico, por parte de un sacerdote miembro de la congregación Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Este clérigo, con conexiones directas al Obispado Castrense de Colombia, abusó de su posición y confianza para perpetrar sus crímenes. Sin embargo, la Iglesia se ha negado a cumplir con esta decisión judicial, poniendo en relieve la tensión entre la justicia civil y las instituciones religiosas.

El abuso fue realizado por un individuo que ocupaba el cargo de rector, aprovechando la vulnerabilidad y la fe de sus víctimas. No contento con abusar de ellos, también los sometió a violencia psicológica para asegurarse de su silencio, indica la investigación publicada por Semana.

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Tras años de lucha judicial, los hermanos lograron que se sentara un precedente importante respecto al tratamiento de casos de abuso dentro de la Iglesia Católica en Colombia. La decisión destaca por ser la primera vez que se obliga a una institución tan arraigada como la Iglesia Católica a reconocer públicamente y de forma directa sus errores y el daño causado.

Según Semana, este caso tuvo especial relevancia porque marcó un punto de inflexión en cómo se responsabiliza a la Iglesia Católica de los actos de pederastia cometidos en su interior. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido parámetros claros para evitar la revictimización de los denunciantes, prohibiendo revelar detalles que puedan identificar a las víctimas. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, siguiendo estos lineamientos, ha manejado con sumo cuidado la información del caso, asegurando el anonimato de los afectados y centrando el foco en la obtención de justicia y reparación.

El Tribunal Superior dictaminó que el Obispado de Colombia y la Congregación Religiosa Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José, conocida por tener sedes en numerosos países de América Latina, deben adoptar medidas reparadoras hacia dos víctimas de abuso por parte de un sacerdote. Este fallo de segunda instancia exige acciones administrativas y simbólicas para enmendar los daños causados a los denunciantes, que sufrieron abusos en su niñez. Las víctimas fueron abusadas en distintos momentos y lugares del país, específicamente en Carepa, Antioquia, y en la sede militar de Tolemaida, Cundinamarca.

De acuerdo con lo dicho por Semana, la resolución judicial incluye un acto de perdón público dirigido tanto a las víctimas como a sus familias. Aún más significativo, se ordena un reconocimiento público del daño a la confianza depositada en la institución religiosa por los creyentes. “Este fallo representa un reconocimiento al sentir y querer de las víctimas”, señaló el Tribunal, destacando además la importancia de ofrecer a las víctimas el apoyo espiritual que soliciten. Esta decisión, que “no cuenta con antecedente alguno en la historia del país”, marca un hito en el tratamiento judicial de casos de abuso dentro de instituciones religiosas en Colombia.

El proceso legal para llegar a este punto ha sido cualquier cosa, menos sencillo. Los demandantes enfrentaron múltiples desafíos, incluyendo actos de revictimización por parte de la contraparte, que intentó prolongar el proceso mediante nulidades, reparaciones, recusaciones, tal como se documentó en una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial. Este organismo es responsable de sancionar faltas cometidas por profesionales del derecho en el ejercicio de su profesión.

El sacerdote implicado, que había ganado la confianza de las familias de las víctimas, abusó de los hermanos en distintos momentos, aprovechando su posición y confiado en su impunidad. La sentencia del Tribunal Superior corrige ese “craso error”, marcando un antes y un después en cómo la justicia colombiana aborda estos dolorosos casos.

Además, la investigación hecha por Semana indica que el Obispado Castrense de Colombia, junto con la Congregación Religiosa implicada, han manifestado su decisión de no acatar un fallo judicial que les fue adverso. A pesar de que la decisión ya ha sido ejecutoriada y notificada, ambas entidades sostienen que aún queda una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha abierto la posibilidad de que el asunto llegue incluso al despacho del Papa Francisco en el Vaticano para su eventual revisión.

La defensa del Obispado ha argumentado que no poseen control ni responsabilidad sobre los hechos, alegando que “el comandante de cada instalación militar es el único que puede autorizar o prohibir el ingreso de personal ajeno a la fuerza pública a estas locaciones”, según palabras del abogado del Obispado.

El desacuerdo sobre la ejecución del fallo por parte de las entidades religiosas ha intensificado el debate legal y podría significar la escalada del caso a instancias internacionales. De hecho, se ha mencionado que “en los próximos días se presentará la documentación completa para que se revise el caso y se emita un pronunciamiento directo de la Santa Sede”, lo que significa que la resolución final podría venir desde el máximo nivel de la Iglesia Católica.

Intentos de comunicación con el Obispado que ha intentado Semana para obtener una respuesta directa sobre el asunto han resultado infructuosos. Además, se ha reportado dificultad en establecer contacto con la Congregación Religiosa citada en el caso, la cual parece no contar con una sede física identificable en Colombia ni presencia en redes sociales o medios de contacto directo. La Arquidiócesis de Bogotá, por su parte, ha declarado mediante una delegada no tener conocimiento del tema.