Polémica por los millones desembolsados por la Cancillería para el nombramiento de Armando Benedetti en la FAO

La controversia en torno al nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en Roma (Italia), alcanzó un nuevo nivel de intensidad, con la negación de una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Esta demanda, presentada por los ciudadanos Julio César Yepes y Guillermo Villegas, cuestionaba no solo la legalidad del decreto que designó a Benedetti en su nuevo cargo, sino también su idoneidad para desempeñar el papel diplomático ante una organización tan crucial como la FAO y la cantidad de recursos que se invirtieron para que el exsenador ocupara su puesto.

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La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar la demanda abrió un amplio debate sobre las cualificaciones y el carácter del designado embajador. Los demandantes argumentaron que, además de las circunstancias en las que se emitió el decreto de nombramiento, Benedetti carece de la experiencia y el conocimiento necesarios en asuntos relacionados con la agricultura y la alimentación, aspectos fundamentales para representar efectivamente a Colombia ante la FAO.

El magistrado encargado del caso, Luis Manuel Lasso, estudió los argumentos presentados por las partes y de allí su decisión. Los demandantes sostuvieron que la permanencia de Benedetti en el cargo podría tener consecuencias negativas para el país, tanto en términos de la imagen internacional como en el cumplimiento efectivo de los objetivos y compromisos ante la organización.

Entre los elementos que respaldaron su solicitud de suspensión del nombramiento, los demandantes destacan las declaraciones pasadas de Benedetti, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que podrían poner en entredicho su integridad y capacidad para ejercer una función diplomática de alto nivel. Además, señalaron una resolución de la Cancillería que indica una ausencia injustificada durante su periodo como embajador en Venezuela, lo que, para ellos, plantea dudas sobre su responsabilidad y compromiso con sus obligaciones oficiales.

La demanda también destaca el aspecto financiero del asunto, con la revelación de los costos asumidos por el Gobierno nacional en relación con el traslado y los viáticos de Benedetti en Roma. Según datos proporcionados por la Cancillería a los demandantes, estos gastos ascienden a una cifra significativa, lo que agrega un elemento adicional a la discusión sobre la conveniencia y la legalidad del nombramiento.

Los demandantes detallaron que el costo total de los viáticos del embajador fue de más de 20.000 dólares, que corresponde a cerca de $80 millones, mientras que el transporte del menaje doméstico ascendió a más de USD12.000 dólares, unos $43 millones, información a la que tuvo acceso Blu Radio.

Ante la complejidad del caso, los demandantes instaron al magistrado Lasso a reconsiderar su decisión de negar la suspensión del nombramiento, bajo el argumento de que la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Además, solicitan una revisión exhaustiva de los aspectos no contemplados inicialmente y, en última instancia, apelaron a la intervención del Consejo de Estado para resolver la controversia desde otra mirada.

El Consejo de Estado aceptó a principios de febrero una demanda en contra de Armando Benedetti por su designación como embajador de Colombia ante la FAO en Roma, lo que generó un intenso debate en el ámbito político y jurídico del país. Este hecho surgió a raíz de una serie de cuestionamientos legales y éticos en torno a la validez de su nombramiento.

El detonante de esta controversia fue el decreto firmado por el canciller Álvaro Leyva, que avalaba el regreso de Benedetti al Gobierno de Gustavo Petro. Esto provocó la reacción inmediata de Alejandro Acosta, que presentó una demanda bajo el argumento de que el nombramiento violaba el principio de legalidad, ya que el ministro estaba suspendido por la Procuraduría General de la Nación en ese momento.

La demanda interpuesta por Acosta sostiene que el nombramiento de Benedetti se realizó por motivos personales y no por mérito, lo cual constituiría una usurpación de funciones públicas. Además, señala una presunta violación del principio de especialidad, puesto que había funcionarios diplomáticos y consulares aptos para el cargo.

Acosta solicitó la suspensión provisional del nombramiento como embajador de Benedetti, como medida cautelar mientras se resuelve la demanda de nulidad.

A continuación, la demanda presentada por un ciudadano en contra de Armando Benedetti: