Por lo que serían los incumplimientos del Gobierno nacional en la implementación de la ley de sometimiento, y la supuesta alianza de los Shottas con los organismos del Estado, el grupo armado ilegal de los Espartanos tomó la decisión el miércoles seis de marzo de 2024 de levantarse de la mesa de negociación. A través de un comunicado emitido en redes sociales, la organización al margen de la ley denunció una serie de situaciones que podría poner fin a la tregua en Buenaventura.
En la misiva, dirigida a la comunidad bonaerense, las entidades encargadas del proceso de paz y al Gobierno nacional, los Espartanos hicieron énfasis en que no se han llegado a acuerdos significativos para continuar con las negociaciones con los Shottas, en pro de darle “definitivamente el fin a la guerra y cantar la victoria de la paz”. Por tal motivo, han optado por retirarse de la mesa, en una decisión que generó incertidumbre en el puerto sobre el Pacífico.
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“Hoy queremos sentar nuestro precedente y que en el tiempo no se haga sorpresivo nuestro actuar, informando que de manera unilateral decidimos no seguir participando en las mesas de diálogos por la paz en Buenaventura, aclarando que no es una decisión arbitraria, sino la consecuencia de todo el tiempo que se ha perdido en los diálogos y la falta de compromiso que adquiere el grupo Shottas en las mesas”, se lee en el escrito difundido por esta banda.
En su pronunciamiento, también mencionaron las supuestas alianzas de sus rivales, en específico el grupo de alias Mono u Orejitas, que opera en el barrio San Antonio de la ciudad, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Como grupo Spartanos hemos respetado todos los acuerdos y compromisos que se han hablado en todas y cada una de las mesas de negociación, hemos bajado las armas, hemos mantenido el control en todas nuestras zonas y hemos tratado de mantener con nuestro máximo esfuerzo la tranquilidad, esperando que en los diálogos con el gobierno tengamos un marco jurídico especifico para poder darle un buen curso a todo este proceso”, reiteró esta estructura ilegal.
Los Shottas tendrían nexos con la Fiscalía y la Policía, según los Espartanos
En su declaración, los miembros del grupo que determinó no seguir con los diálogos acusaron a los Shottas de tener alianzas criminales con elementos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, “que son entidades que se supone deben establecer el orden e impartir justicia en la ciudad, por el contrario, han enfocado sus esfuerzos en perseguir a los integrantes de nuestro grupo únicamente”, denunciaron en su extensa comunicación.
Y mencionaron cómo, según ellos, sus integrantes estarían siendo perseguidos en los barrios El Progreso, Carlos Holmes, Caldas y Bello Horizonte, en donde se han efectuado capturas de integrantes de esta banda delincuencial y, al mismo tiempo, se le habría dado cabida al accionar de los Shottas.
“Todo esto en alianza con la Fiscalía para que con las capturas se hagan procesen de inmediato a todos los capturados, haciendo montajes de capturas con armas y municiones ajenas a nuestro grupo, dejando en el olvido que este conflicto es de dos grupos”, añadió en su denuncia la cúpula de los Espartanos, lo que pondría en riesgo la tregua que rige desde febrero de 2023, en un proceso de paz que ha tenido el acompañamiento de la iglesia Católica.
Es tal la molestia de esta organización criminal, que calificó de “pantomima” estas negociaciones, pues solo buscarían el rearme de sus enemigos, que además estarían haciendo conexiones con grupos ilegales externos y que no tienen que ver con el conflicto del que ha sido epicentro el puerto desde hace décadas. “Y sobre todo, amplíe sus terrenos y, además, trate de recuperar los que ha perdido en la ciudad”, reiteraron Los Espartanos.
“No estamos en la disposición de continuar”, remarcaron, entre otras, porque acusan a los Shottas de tener, “de una u otra forma” de su lado la justicia, “que permite la dilatación y la no ejecución de todos los procesos que se debieran adelantar” en contra de sus miembros. Tras estas duras acusaciones, todavía no se conoce una respuesta de la parte involucrada, ante el temor de la población de un recrudecimiento de los hechos violentos en el municipio de 432.000 habitantes.