Alcalde de Cúcuta propuso crear un fondo para pagarle abogados a quienes decidan “tomar defensa por sus propias manos”

En un pronunciamiento que ha levantado ampollas entre los ciudadanos de Cúcuta, Norte de Santander, el alcalde Jorge Acevedo ha propuesto una solución polémica a la creciente ola de inseguridad en la ciudad: el financiamiento de defensas jurídicas a ciudadanos que ejerzan lo que ha denominado ‘legítima defensa’ ante actos delictivos, incluso si estos incluyen acciones extremas como atropellar o disparar a presuntos delincuentes.

Esta propuesta del mandatario local buscaría no solo responder a un clima de creciente violencia y criminalidad, sino también ofrecer un contrapeso a lo que el alcalde describe como una situación en la que los ciudadanos se sienten indefensos ante el monopolio de las armas por parte del Estado y los grupos criminales.

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Y es que la ciudad fronteriza se enfrenta a fuertes desafíos de seguridad, exacerbados por la presencia de 25 bandas criminales y cuatro grupos transnacionales, junto con una compleja problemática migratoria. De hecho, según Acevedo, el 28% de la población cucuteña, que equivale a unos 220.000 migrantes, son personas de otros países, lo que agrega una capa adicional de complejidad a la situación de seguridad en la región.

La propuesta del alcalde Acevedo incluye la colaboración con empresarios locales, víctimas ellos mismos de la delincuencia, “para buscar recursos y privadamente pagar a un abogado que defienda a la persona” implicada en un incidente de legítima defensa. Esta iniciativa, según asegura, no implicaría el uso de fondos públicos, sino que sería sustentada financieramente por cuatro grandes empresarios que respaldan la idea.

“Yo me crie y sigo viviendo en el barrio la Cabrera, sé como es la zozobra de la gente ante la presencia de las bandas. Por eso, le propuse a los empresarios que creemos un fondo para pagar abogados que asistan a ciudadanos que se ven obligados a defenderse de la criminalidad”, comentó Acevedo.

Entre los ejemplos citados por el mandatario para ilustrar situaciones en las cuales los ciudadanos podrían encontrarse en necesidad de ejercer tal defensa incluyen escenarios extremos como un atraco masivo en un centro comercial, el secuestro de una niña o un fuerte asalto a una mujer en la calle.

Acevedo destacó la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la criminalidad: “El monopolio de las armas lo tienen el Estado y la delincuencia, y la ciudadanía está indefensa”, lo que a su parecer justifica la necesidad de su propuesta.

Esta propuesta ha encendido un debate sobre la legitimidad y las posibles consecuencias de incentivar acciones de justicia por mano propia. La declaración de Acevedo sobre la impotencia y frustración de los ciudadanos ante el crimen, y su referencia a un concejal de Bogotá que atropelló a ladrones en un acto de defensa, pone de manifiesto la profundidad de la crisis de seguridad que enfrenta Cúcuta y plantea interrogantes sobre las medidas apropiadas para abordarla.

Sin embargo, a pesar de lo polémico de la propuesta, los asistentes al evento ovacionaron al alcalde, lo que generaría preocupación por un incremento desbordado de ataques de la comunidad a los criminales, sin que se tenga certeza de los elementos que usarán para castigar socialmente a los delincuentes.

El alcalde Jorge Acevedo, tras dos meses de gestión en Cúcuta, ha compartido un informe detallado sobre el proceso de transición con la administración anterior, liderada por Jairo Yáñez. Entre enero y febrero, su equipo realizó una exhaustiva revisión, identificando 359 observaciones que, de no resolverse, podrían conllevar a investigaciones.

Los puntos críticos incluyen la contratación, manejos documentales y asuntos administrativos, subrayando la necesidad urgente de atender estas inconsistencias para evitar repercusiones negativas en la gestión municipal.

El análisis minucioso reveló una serie de problemas fundamentales, como deficiencias en la actualización catastral; un proyecto vital para el cual se habían destinado inicialmente $25.000 millones de pesos, sin embargo, a pesar de los desembolsos, no se evidenció progreso alguno. Además, se expuso la falta de planificación en la gestión de contratos financiados, lo que impacta negativamente la capacidad de Cúcuta para obtener financiamiento a través del Sistema General de Regalías. Este mal manejo ha generado diversos contratiempos en la ejecución de obras y proyectos, incluyendo retrasos y problemas de diseño.

En términos de contratación, el equipo de Acevedo detectó discrepancias notables en el número total de contratos reportados y la información archivada, lo que complicó la verificación de las etapas de los procesos. Se destacó que de los contratos de obra en ejecución presentados, 12 fueron extendidos, 16 suspendidos y existen 36 contratos y convenios pendientes de liquidación, afectando proyectos liderados por el Área Metropolitana de Cúcuta.