En medio del proceso por la adjudicación del contrato de los pasaportes, que ganó por concurso Thomas Greg & Sons, la compañía le exigió respuestas al ministerio de Relaciones Exteriores sobre la falta de ejecución del contrato y pidió las pruebas de las supuestas irregularidades que hubo en el proceso.
A través de un derecho de petición radicado ante la cartera de Estado el 4 de marzo, la compañía indicó que Unión Temporal (filial de Tomas Greg) estaba dispuesta para ejecutar el contrato.
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“Teniendo en cuenta que se encuentra en firme y gozan de presunción de legalidad los actos administrativos referenciados en el asunto, y vencido el plazo señalado en el pliego de condiciones para la suscripción del contrato, sin que a la fecha el Fondo Rotatorio del ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante el Fondo) hubiera hecho manifestación alguna, a pesar de que la Unión Temporal ha dejado clara y expresa su disponibilidad para suscribir el contrato”, reza el documento revelado por Caracol Radio.
En el escrito, la compañía le pide al ministro encargado de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo que entregue las pruebas y motivos por los cuales no ha iniciado la ejecución del contrato y le exige que le dé cumplimiento inmediato a lo que estipula la ley.
“Efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normativa vigente y de los recursos disponibles, y proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder a la suscripción del contrato en la plataforma Secop II”, indicó Thomas Greg.
La firma sostuvo que su filial, Unión Temporal, ya inició las actividades derivadas de la adjudicación del contrato en 2023 luego de que resultara beneficiada en el concurso que hizo la Cancillería y sostuvo que está a la espera de la adjudicación del presupuesto para desarrollar la producción de los pasaportes.
Además indicó que el proceso de selección no tuvo ninguna negligencia, como alegan desde el ministerio de relaciones Exteriores, y que una muestra de eso es que no hay ninguna investigación sobre la licitación.
“Es sabido que en declaraciones públicas el señor Canciller ha expresado algunas reservas sobre la legalidad de los actos administrativos de revocación del acto que declaró desierta la licitación y de adjudicación de la licitación pública, pero hasta la fecha no se conoce actuación administrativa alguna derivada de esa consideración”, sostuvo la empresa.
Unión Temporal, filial de Thomas Greg destinada para la elaboración de los pasaportes, aseveró que el proceso de adjudicación del contrato se hizo apegado estrictamente a la normativa y al ordenamiento jurídico nacional, por lo que son injustificadas las acusaciones de corrupción emitidas desde el Gobierno nacional.
Además agregó que de no presentarse las pruebas de presuntas irregularidades expuestas en su momento por el suspendido canciller Álvaro Leyva, tendrán que irse a los estrados para solucionar dicha situación.
“Dada la consideración expuesta públicamente por el señor Canciller, en caso de que se considere que no es procedente la celebración del contrato, como parte del derecho de petición, respetuosamente le solicito que se indiquen con precisión las razones de la ilegalidad a efectos de que la UT evalúe la pertinencia de eventualmente dar autorización previa a una revocación, sin que ello implique renuncia alguna a la reclamación de los perjuicios derivados de la actuación que ha realizado el Fondo en el marco de la Licitación Pública LP-01-2023”, sostuvo Unión Temporal.
Tras ese derecho de petición radicado por la empresa, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo dijo en medios de comunicación que el ministerio no firmaría el contrato con Thomas Greg.