El director general encargado del Presupuesto Público Nacional, Jairo Alonso Bautista, el 21 de febrero de 2024, le envió una carta al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, en la que le informaba de la aprobación del cupo de vigencias futuras 2025-2026 de gastos de funcionamiento del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular para la licitación de los pasaportes, que el ex secretario General de la Cancillería José Antonio Salazar adjudicó el 26 de febrero de 2024.
La carta se conoció el cinco de marzo, una semana después de que el canciller (e) advirtió que Salazar se extralimitó en sus funciones, pues no tenía competencia para tomar dicha determinación. El 27 de febrero, el ministro (e) Murillo también aseguró que no existía el certificado de disponibilidad presupuestal para la licitación, pues los recursos que estaban destinados al contrato fueron reasignados el 2 de octubre de 2023.
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Sin embargo, según la carta, que publicó Semana y está en poder de Salazar, los recursos para la licitación sí están y fueron aprobados por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional el 21 de febrero de 2024:
“En atención al oficio No. S-GFFR-24-002691 del 29 de enero de 2024, radicado ante este Ministerio con el No. 1-2024-007755 el 30 de enero, mediante el cual solicita autorización al cupo de vigencias futuras de gastos de funcionamiento para los años 2025-2026, por la suma de $368.939.578.292 con recursos propios; y considerado que mediante resolución 8074 del 5 de octubre de 2023 “por la cual se asume la dirección del proceso contractual de licitación pública No. LP 2023″, nos permitimos indicar lo siguiente: En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal, le comunicó que esta dirección aprueba el cupo de vigencias futuras para ese órgano”.
En la carta también se advierte que la aprobación de los recursos de las vigencias futuras —divididas así: para 2025 serán $247.516.770.941 y para 2026, $121.422.807.351, que deberán ejecutarse, entre octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026— se hizo “con el propósito de que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adelante la contratación cuyo objeto es “Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento, y entrega de etiquetas de visa colombiana en con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores””.
Además, reiteran que “los recursos autorizados deben ser destinados acorde con los conceptos definidos y comunicados en la solicitud”, es decir, el contrato para elaborar los pasaportes.
Expedición de pasaportes en el país no está en riesgo: canciller (e)
El ministro (e) Murillo, durante el debate de control político en la Comisión II de la Cámara de Representantes, el cinco de marzo, advirtió que “no hay ninguna afectación, en un ambiente de desinformación se pretende decir que tenemos problemas o vamos a tener problemas con la expedición de los pasaportes”.
También dijo que la Cancillería va a entrar “analizar el proceso de manera integral porque una de las medidas en el mediano y largo plazo, precisamente puede ser, el hecho de garantizar de que esta prestación del servicio se haga desde la perspectiva de una alianza Gobierno a Gobierno y con la participación que es competente monopolicamente para la expedición de los pasaportes es la imprenta nacional. Es una de las alternativas que tendremos que estudiar”.
Además, reiteró las razones para declarar desierta la licitación “al no darse las condiciones se tomó la decisión de declarar desierta esa licitación, generar un proceso de urgencia manifiesta para poder avanzar en la contratación y prestación de ese servicio”, para recordar que después “se abrió un nuevo proceso de licitación y este proceso estaba en su etapa muy inicial de discusión, revisión, publicación de prepliegos. Estos prepliegos se publicaron, se recibieron las observaciones y recibimos cerca de 550 observaciones de 19 interesados”.
La posición del Gobierno: la licitación se adjudicó de forma espuria
Desde el 27 de febrero, un día después de que ex secretario General de la Cancillería adjudicó la licitación para la elaboración de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, desde el Gobierno nacional advirtieron que esta actuación se hizo fuera de las competencias de Salazar, además provocó que el presidente lo declarara insubsistente y acelerara la salida del funcionario de la Cancillería, pese a que, según el canciller (e) Murillo se le había notificado desde el 22 de febrero de su retiro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El 28 de febrero, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, aclarando que “José Antonio Salazar adjudicó el proceso que estaba declarado desierto y con un CDP que había caducado” y que las declaraciones del canciller (e) son correctas, pues dicen que “está en lo cierto cuando dice que hay un proceso vigente que no ha sido adjudicado y el Dr. José Antonio Salazar se extralimitó en funciones adjudicando algo que ya se había declarado desierto”.
También reiteró que “ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio”.