Investigan a exgobernador de La Guajira por sobrecostos en proyectos de brigadas de salud en las rancherías Wayú

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra el exgobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, por la sospecha de haber incurrido en sobrecostos que alcanzan “los $ 1.000 millones, en un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías cuyo valor total asciende a $ 33.000 millones”.

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Este proyecto, centrado en ofrecer servicios de salud y nutrición a comunidades wayú en áreas rurales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, ha mostrado un desarrollo inferior al esperado, con solo un 35,6% de progreso en términos de implementación y un 48% en la utilización de los fondos asignados.

Además de Roys Garzón, están implicadas en la investigación Claudia Robles Núñez, quien ejerció como gobernadora encargada, y Claudia López Vendemiati, secretaria Técnica del OCAD Caribe. La entidad fiscalizadora ha identificado que los presumibles sobrecostos se hallan en el pago por materiales, equipos y servicios profesionales (incluyendo médicos, nutricionistas y otros especialistas), así como en el cálculo indebido del IVA para insumos médicos.

La Procuraduría ha destacado discrepancias en la estimación presupuestaria de la Gobernación al compararla con estudios de mercado y cotizaciones, revelando sobreevaluaciones en ciertos componentes del proyecto. Para esclarecer estas irregularidades, se realizará un análisis pericial de los costos implicados en el proyecto.

Además, se ha solicitado al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación proporcionar información relevante sobre los desembolsos y la estructura administrativa del proyecto, respectivamente.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación desempeñan un rol crucial en el mantenimiento de la integridad de la función pública y la tutela de los derechos de los ciudadanos en Colombia. Estas indagaciones tienen como objetivo principal identificar y sancionar conductas de funcionarios públicos y de particulares que ejercen funciones públicas que sean contrarias a la ley o a los principios éticos y morales que rigen el servicio al ciudadano.

A través de este mecanismo, la Procuraduría busca prevenir, corregir y, en su caso, sancionar actos de corrupción, mal uso de los recursos estatales, incumplimiento de deberes y otras irregularidades administrativas que afectan el correcto desarrollo de las instituciones y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Además, las investigaciones realizadas por esta entidad contribuyen a fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia dentro de la administración pública. Al detectar y abordar falencias y conductas indebidas, la Procuraduría no solo promueve la correcta ejecución de las políticas públicas y la adecuada gestión de los recursos del Estado, sino que también protege los derechos de la comunidad, asegurando que los ciudadanos reciban los servicios y la atención que merecen según las leyes colombianas

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado urgente al Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que se implementen medidas preventivas inmediatas con el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos debido al deterioro de la calidad del aire en la ciudad, agravado recientemente por un incendio de considerables proporciones en la localidad de Bosa.

Mediante su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la Procuraduría ha subrayado que el humo resultante de esta emergencia puede tener consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para la salud pública, impactando de manera más severa a los grupos demográficos más sensibles, que incluyen a los menores de 5 años y a las personas mayores.

En este contexto, la entidad también ha sugerido al alcalde y a su Secretaría de Ambiente evaluar la posibilidad de declarar una emergencia ambiental en Bogotá por la mala calidad del aire, siguiendo las directrices establecidas por las normativas nacionales y distritales correspondientes. Con estas acciones, la Procuraduría busca asegurar una respuesta adecuada y oportuna por parte de las autoridades distritales para mitigar los riesgos a la salud y al bienestar de la población bogotana frente a este incidente.