La Procuraduría inspeccionó la Agencia Nacional de Tierras por presuntas irregularidades en compra de predios

En la mañana del martes 5 de marzo, la Procuraduría General de la Nación llegó hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para inspeccionar de cerca los contratos de compra de predios destinados a los campesinos, en el marco de la implementación de la reforma rural integral.

En la diligencia se examinó la ejecución del presupuesto que fue asignado a la adquisición de tierras para el campesinado, luego de revelarse que, hasta la fecha, se había ejecutado el 17% del total disponible para el programa, en lugar del 51%, cifra que debía alcanzarse hasta el 31 de octubre de 2023.

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Según el órgano de control, esta situación se relaciona al traslado de fondos al Fondo Colombia en Paz por $430 mil millones que, correspondería al 34% del presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados, están consignados en una fiducia.

Además, la entidad investigó un convenio con Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), donde de los $15.000 millones pactados, solo se habían ejecutado $660 millones hasta octubre de 2023.

Durante la inspección fueron solicitados los análisis de las condiciones estructurales y jurídicas en las que ejecutan los procesos de compra, los procedimientos para el avalúo de los predios y la información para determinar si las decisiones de compra se realizaron en cumplimiento de las disposiciones que regulan el tema.

Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre las actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, teniendo en cuenta que la Agencia no ha atendido los requerimientos de la Procuraduría, por lo que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha.

La visita fue coordinada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos y Agrarios; para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quienes revisarán la información suministrada por el equipo jurídico de la ANT.

A finales de septiembre del 2023, la Procuraduría reveló que abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Agencia estaría relacionada con presuntas irregularidades en la firma de un contrato interadministrativo con Rtvc para gestionar la logística de eventos organizados por esa entidad durante los meses de octubre a enero, por $15 mil millones.

El órgano de control indaga si la suscripción del contrato se acoge a los estatutos internos del medio de comunicación, por cuanto su objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y televisión, más no es operador logístico de eventos.

Entre otras pruebas, el Ministerio solicitó copia del contrato suscrito entre las dos instituciones, los estatutos que rigen su funcionamiento, el acto administrativo donde se justificó la contratación directa y los documentos donde se acredita la experiencia de Rtvc para ejecutar el contrato.

“Al parecer se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar”, señaló el Ministerio Público al anunciar la apertura de la investigación formal para determinar si las irregularidades incurrieron en faltas disciplinarias para los intervinientes en la contratación.

La investigación vinculó al secretario general de la ANT, Daniel Medina González y los funcionarios Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.

Así mismo serán investigados los contratistas de la ANT Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel.

En cuanto a la RTVC se vinculó a la investigación al subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, quien habría intervenido en la estructuración del contrato.