Campaña de Gustavo Petro está en tela de juicio: revelan posibles dineros no declarados por parte de la USO

Una investigación puso de relieve posibles irregularidades en relación con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022. El foco de la indagación se centró en la aprobación unánime de la destinación de cerca 600 millones de pesos por parte de la Unión Sindical Obrera (USO): el influyente sindicato de trabajadores petroleros, para lo que denominaron “Campaña Petro Presidente. Campaña político-electoral, el papel de los trabajadores”.

En el informe presentado por Blu Radio, se reveló que los hechos se remontan a la Vigésima Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de la USO, celebrada en Girón (Santander), el 8 y 9 de junio de 2022: tan solo 10 días antes de la segunda vuelta electoral presidencial, en la que Petro fue elegido presidente de la República.

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Según consta en el documento de relatoría de esta asamblea, se solicitó la suma de $600 millones para reforzar la segunda vuelta de la campaña presidencial, específicamente destinados al día de las elecciones para cubrir gastos de transporte y alimentación, de acuerdo con lo que tuvo soporte el medio en mención.

A pesar de estos hallazgos, los reportes de ingresos y gastos de la campaña presidencial, así como los de 2021 y 2022 de los partidos que conforman la coalición del Pacto Histórico, con el que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, no muestran ningún registro de esta donación. Los intentos de obtener explicaciones de los líderes sindicales responsables de la donación resultaron infructuosos y, aunque las actuales directivas de la USO presentaron una tabla de gastos, esta contiene varias inconsistencias.

Por un lado, según información de la cadena radial, las facturas presentadas suman una cantidad menor a los 600 millones de pesos aprobados en la asamblea, además de incluir gastos efectuados antes y después de la fecha específica de la segunda vuelta electoral. Por otro lado, la mayoría de los comprobantes no especifican un destino relacionado con la campaña de Petro, sino que se refieren a aportes económicos generales a diversas subdirectivas.

Además, descubrieron que los aportes significativos a comités de campaña locales, lo que contradice las afirmaciones de que la administración de los recursos estaba centralizada en el gerente de campaña. Estos hallazgos llevaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a iniciar una investigación para determinar si los fondos entregados por la USO fueron utilizados de manera apropiada y si se reportaron debidamente en las cuentas de la campaña.

La situación se complica aún más cuando el medio encontró que los ingresos reportados por la campaña de Petro superan los ingresos declarados, lo que sugiere una presunta falta de transparencia en el manejo de los fondos. Según la normativa electoral, todos los ingresos deben ser reportados adecuadamente, lo que incluye cualquier contribución recibida de organizaciones sindicales como la USO.

Un análisis de los documentos a los que tuvo accedo Blu Radio se reveló que algunos de los fondos entregados por el grupo de sindicatos pudo que fueran ser desviados a empresas relacionadas con la campaña sin que se haya realizado el debido reporte. Esto plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y transparencia de la financiación de la campaña presidencial.

La presunta donación de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a la campaña presidencial de Gustavo Petro generó un intenso debate en el ámbito político y social del país. El descubrimiento de un documento por parte de la Revista Semana hizo fuego en la controversia.

El documento en cuestión, fechado el 24 de mayo de 2022, reveló la entrega de un cheque por valor de 500 millones de pesos a Dagoberto Quiroga, representante legal de Colombia Humana, por parte de Fecode. Si bien inicialmente podría parecer una transacción común, lo que llamó la atención es el propósito detrás de esta donación.

Según el texto del documento, el Comité Ejecutivo de la Federación aprobó el aporte económico con la intención expresa de colaborar con la campaña “PETRO PRESIDENTE 2022-2026″.

Este descubrimiento arroja luz sobre una práctica que, si bien puede no ser ilegal en sí misma, sí plantea serias interrogantes éticas y legales. En Colombia, la ley prohíbe que entidades como Fecde donen recursos directamente a una campaña política, pero permite la contribución a partidos políticos. La sutileza entre estas dos acciones puede parecer insignificante, pero en el contexto de la financiación de campañas, puede marcar una gran diferencia en términos legales.

La reacción oficial ante estas revelaciones no se hicieron esperar. La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo allanamientos en las oficinas de Fecode en busca de pruebas que aclaren la presunta financiación irregular de la campaña. Entre los documentos incautados se encontró la mencionada acta de donación, así como otros registros que podrían arrojar luz sobre la naturaleza y el destino final de estos fondos.

Sin embargo, la situación se complicó con la revelación de un segundo documento, autenticado por notaría, en el que Fecode reafirmó que la donación estaba destinada a Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Esta nueva evidencia, firmada meses después del cheque inicial, planteó nuevas preguntas sobre la transparencia y la legalidad de las acciones de la federación.