Salvatore Mancuso recibirá protección de la UNP ante riesgo que correría su vida en libertad

Luego de que Luz Marina Zamora, jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, concediera la libertad condicionada por cuatro años al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, al considerar que ya había cumplido con la pena máxima impuesta por este tribunal transicional, se confirmó el lunes 4 de marzo de 2024 que la Unidad Nacional de Protección (UNP) asumirá su seguridad cuando salga de prisión.

La determinación del organismo se dio como consecuencia del pronunciamiento de la togada, que durante la audiencia en la que dio sentido favorable a la solicitud del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), insistió en la necesidad de garantizar la integridad de Mancuso: que espera recibir el visto bueno en tribunales de Barranquilla y Bogotá para ejercer como gestor de paz, por encargo del presidente Gustavo Petro.

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“Se considera pertinente de oficio solicitar al director de la UNP que proceda a realizarle de manera inmediata un estudio de riesgo a Salvatore Mancuso Gómez, aunque esté privado de la libertad”, indicó la togada, que hizo énfasis en que, con base en el resultado que arroje dicho análisis, “se le garanticen sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal en debida forma”.

Ante esta solicitud, es válido destacar que desde el 15 de diciembre, cuando se emitió la resolución 0471 de la Unidad de Investigación de Acusación (UIA), adscrita al Comité de Riesgo y Definición de Medidas de Protección de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recomendó especiales medidas de protección a Mancuso, debido al riesgo que corre su vida. Un documento que tiene vigencia por 12 meses.

En atención a estas recomendaciones, la UNP expidió la resolución 0038 del 15 de enero de 2024, en la que confirmó que se implementarían las recomendaciones de la UIA. Con respecto a este tema, la entidad tiene definido un esquema de seguridad para garantizar la seguridad del exintegrante de los paramilitares, que estuvo por casi 16 años en Estados Unidos, en donde pagó condena por el delito de narcotráfico y conexos.

Es válido destacar que el miércoles 6 de marzo está agendada una diligencia en Barranquilla (Atlántico), en el que reposan en la sala de Justicia y Paz cerca de 33 medidas de aseguramiento en su contra, que tendrán que resolverse antes de que pueda quedar en libertad. Lo mismo acontece en la sala de Bogotá, con 14 órdenes de captura; por lo que solo podrá oficiar como gestor de paz cuando se resuelvan a su favor estos casos.

El excabecilla de las AUC tiene en su contra tres condenas parciales de tipo acumulativo, en las que se aplicó una pena máxima de ocho años, que ya cumplió. No obstante, hay otros procesos que cursan en la justicia, pues tiene 45 sentencias pendientes por 37.975 hechos, a las que se suman 29 procesos más en imputación, por 15.473 actos delictivos, y cerca 94 audiencias de imputación pendientes, para un total 64.047 sucesos.

Mientras se esclarezca su situación jurídica, el hombre seguirá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en donde está en una celda de 3x4 metros, ubicada en el pabellón de extraditables. Y en donde es vigilado por cerca de 64 integrantes del Inpec, preparados inclusos en cooperación con la embajada de Estados Unidos en Colombia; además de medidas especiales en lo que concierne con su alimentación, para evitar envenenamiento.

“Tendrá los medios técnicos y tecnológicos con el fin de que pueda dar sus declaraciones en la manera de que sea requerido por el juzgado”, expresó el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, en lo que respecta a su participación en las diligencias que se adelantan en las salas de Justicia y Paz, en su proceso de obtener la libertad para oficiar como intermediador en los procesos de paz que adelanta el Estado.