Los casos de corrupción parecen ser cada vez más comunes en el territorio nacional, muestra de ello es una denuncia que dio a conocer Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que aseguró que este tipo de práctica se está llevando a cabo al interior del organismo.
Según explicó la funcionaria a través de sus redes sociales, la denuncia, que se expone luego de que se llevó a cabo una auditoria entre el organismo y la secretaría de transparencia de Presidencia, está basada en que 220 contratos expedidos desde la entidad y que estaban en manos de 59 operadores tienen múltiples similitudes, situación que despertó múltiples sospechas.
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Puntualmente, señaló Cáceres Cárdenas, los vínculos contaban con el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución, así como el error en el objeto y alcance. Sin embargo, dicho señalamiento no representa el único aspecto que denunció la directora del Icbf.
En otro mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria recalcó que además de los mencionados contratos, los organismos encargados se percataron de algunas inconsistencias de tipo financiero al interior de la entidad.
Y es que, al parecer, dentro del organismo habría registro de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores. Así mismo, también hallaron inconsistencias con respecto al cumplimiento de algunos contratos, teniendo en cuenta el número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados.
De igual forma, Cáceres Cárdenas aseguró que algunas personas al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evitaban hacer uso de algunos recursos cumpliendo con ciertos proyectos en menos tiempo del previamente establecido. Esto, con el fin de quedarse con ese dinero sin pagar a los organismos encargados por sus honorarios.
“En algunos contratos adjudicados años atrás, existían proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico, lo realizan en menor tiempo, evitando así el pago a proveedores; sin embargo, se materializaba el cobro al instituto como si se hubiese hecho en el tiempo establecido”, aseguró.
La funcionaria dejó constancia de que este tipo de situaciones estarían detrás de los casos de niños y niñas fallecidos por desnutrición en el país, problemática que viene en aumento con el paso de los meses. Por tal motivo, Cáceres Cárdenas enfatizó en que el Icbf ha dejado de contratar con las instituciones “promoviendo el control a la veeduría ciudadana”.
No obstante, dentro de los señalamientos también se dejó en claro que algunas organizaciones o fundaciones que están involucradas en contratos para la atención de la niñez en el país han estado vinculadas con clanes políticos.
Frente a ello, la funcionaria indicó que luego de llevar a cabo una revisión de los documentos de contratación dentro de la entidad, los organismos encargados pudieron constatar que existe falsificación en la información con respecto a algunos operadores que atienden a los niños más pequeños en el país.
“En el #GobiernoDelCambio los recursos de los niños y niñas son una responsabilidad, no un negocio. En revisión de los documentos que reposan en las carpetas de contratación del ICBF se pudo encontrar presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia”.
Así las cosas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar enfatizó en que las personas involucradas con casos de este tipo fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que sean cobijados con las debidas sanciones.
“Esto es lo que le molesta a los corruptos, el #CambioAvanza, no vamos a tolerar la corrupción”, finalizó.