Presidente Petro comparó el sistema electoral colombiano y dijo que era “peor” que el de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó críticas severas hacia el sistema electoral colombiano, calificándolo como inferior incluso al de Venezuela.

Durante su participación en la VIII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en San Vicente y las Granadinas, el mandatario colombiano cuestionó la adjudicación de contratos para elaboración de los pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, expresando preocupaciones sobre la suma de poder y datos personales en manos de una entidad privada.

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El líder colombiano argumentó que hubo un manejo cuestionable en las adjudicaciones de contrato a Thomas Greg & Sons, señalando un patrón de asignaciones directas que podría vulnerar principios democráticos.

El jefe de Estado reveló que en 16 licitaciones participó dicha empresa y resulto ganadora en 13 ocasiones mediante adjudicaciones directas, una práctica que sugirió podría tener trasfondos de favoritismo y una influencia indebida en procesos importantes como las elecciones, al haberse entregado a esta firma tanto los datos personales de los colombianos como el software de escrutinio.

“En la Cancillería existe algo extraño, una cooptación particular de muchos de sus funcionarios. Van 16 licitaciones con Thomas Greg & Sons y de ellas 13 han sido a dedo”, dijo el presidente Petro.

Este escenario, según el mandatario, refleja una amenaza latente a la democracia del país, insinuando que podría estar siendo manipulada por intereses empresariales específicos. Además, enfatizó su compromiso por un sistema de licitación transparente y competitivo, alejado de las adjudicaciones directas y la influencia de poderes estrechamente relacionados con el sector privado.

“El problema mayúsculo que tenemos frente a esta organización privada, con lobby muy fuerte de políticos poderosos que han pasado por la Presidencia o han aspirado a ella, es que el Estado le ha entregado los datos de todos los colombianos, y, por otra parte, la Registraduría les entregó el software de escrutinio de las elecciones”, afirmó el presidente Petro.

Y agregó que: “La democracia en Colombia está manipulada por una empresa”.

La controversia surgió a plena luz luego de que José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, fuera destituido por adjudicar un contrato significativo a Thomas Greg, en un proceso que Petro ha sugerido careció de la debida competencia y transparencia.

Así mismo, criticó severamente el sistema electoral del país y hasta lo comparó con el de Venezuela. “Este es un sistema electoral que, si se cuestiona el de Venezuela, es muchísimo peor el colombiano”, manifestó el mandatario.

Esta situación pone de relieve no solo el debate sobre la integridad electoral en Colombia, también cuestiona la gestión de contratos públicos y el papel de la empresa privada en funciones esenciales del Estado.

“No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, aseguró el presidente Petro.

El presidente Petro ha mantenido una postura firme respecto a la necesidad de garantizar que los procesos de licitación sean justos y abiertos, buscando con ello fortalecer la confianza en las instituciones públicas y la democracia colombiana.

Jhonathan Sánchez Carrillo, identificado como excontratista de una empresa vinculada con las transmisiones digitales de la Presidencia de la República, fue llamado formalmente a juicio por supuestamente interferir en las alocuciones del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía, se alega que Sánchez Carrillo obstruyó la señal de internet de las retransmisiones en vivo en tres ocasiones durante el mes de noviembre de 2022, específicamente los días 7, 16 y 17, afectando de este modo la comunicación entre la Presidencia y la ciudadanía.

La investigación llevada a cabo por la dirección contra los delitos informáticos de la Fiscalía, bajo la supervisión de Edna Patricia Cabrera, apunta a que las interrupciones fueron ejecutadas desde una dirección IP localizada en la residencia de Sánchez Carrillo, situada en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Se reveló que Sánchez fue parte del equipo contratista de la empresa encargada de operar las transmisiones presidenciales hasta el 25 de octubre del mismo año en que se registraron las incidencias. Luego de la presentación del escrito de acusación siguiendo un proceso penal abreviado, el implicado ha decidido no aceptar los cargos imputados por los fiscales especializados en delitos informáticos.

La negativa de Sánchez a reconocer los cargos abre un escenario judicial que podría ofrecer más detalles sobre los mecanismos empleados para la supuesta interferencia y las posibles motivaciones detrás de este acto. La Fiscalía busca así proteger la infraestructura digital del Estado colombiano y asegurar una comunicación constante y sin interferencias entre el Gobierno y los ciudadanos.