Consejo de Estado aceptó demanda para suspender aspersiones con glifosato

El Consejo de Estado, según se conoció el primero de marzo de 2024, admitió la demanda presentada por el representante Carlos Adolfo Ardila Espinosa (Partido Liberal), para suspender la aspersión aérea de los cultivos ilícitos con glifosato, declarando la nulidad del Decreto 380 del 2021, firmado por el entonces presidente Iván Duque y su gabinete ministerial, ya que argumenta es inconstitucional.

El decreto que quiere anular el representante Ardila regula “el control de los riesgos para la salud y el medio de ambiente de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”. Al aceptarse la demanda, el Consejo de Estado le da 30 días al Gobierno nacional a para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, en su caso, presentar demanda de reconvención.

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Para el representante Ardila, el decreto es inconstitucional, pues vulneró el principio de reserva legal, tampoco permitió la participación de la ciudadanía en la elaboración de informes de salud y medio ambiente, viola el principio de independencia y separación de poderes.

En el auto, fechado el 27 de febrero, la Sala de lo Contencioso Administrativo le advierte al Gobierno que, durante el término de traslado señalado, “deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder”.

Hay que tener en cuenta que el decreto en cuestión no está vigente hoy, pues la Corte Suprema de Justicia tumbó el Plan de Manejo Ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en 2022, como un requisito para darle luz verde a las aspersiones aéreas con glifosato.

El decreto fue firmado por el presidente de la República, el ministro del Interior, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública —encargada del empleo del despacho del director del Departamento Administrativo de la Función Pública—.

A continuación, se puede leer el auto del Consejo de Estado:

El representante por Putumayo ha sido crítico, desde el cuatrienio anterior, frente a la posibilidad de reanudar las aspersiones con glifosato, denunciando las implicaciones que tiene para la salud y el medio ambiente, así como su ineficacia en la lucha contra los cultivos ilícitos en su departamento y en Colombia.

En abril de 2022, en las postrimerías del gobierno de Iván Duque, durante un debate de moción de censura en contra del entonces ministro de Defensa Diego Molano, advirtió que priorizar la aspersión de glifosato en su departamento, en la lucha contra el narcotráfico, era una política fallida.

“Lo que ocurre en Putumayo, hoy, es un fracaso, un fracaso del Estado. Ese tema de perseguir grupos al margen de la ley, estar persiguiendo coca, diez, quince, veinte, una tonelada, qué sé yo, de coca, pues es el fracaso de un país, de un Estado que tiene una política antidrogas fallida y que insistir en eso, en repetir lo que no funciona, ¿por qué hay más coca? Porque la política antidrogas no sirve. Aquí llevan cuatro años hablando de glifosato, como la gran panacea a los problemas que vive un departamento como Putumayo, como Nariño, una región como Catatumbo, como el Cauca, cualquiera sea, y en eso estamos equivocados, esparciendo glifosato, desde un avión, no se resuelven necesidades sociales”, dijo Ardila.

De acuerdo con información de WWF, de 2021, “hay muchos cuestionamientos y datos contundentes que evidencian que NO es la forma más efectiva para el control y erradicación de cultivos de uso ilícito”, pues, según estudios que cita la organización medioambiental “hay mayor probabilidad de resiembra en las áreas fumigadas o que los cultivos se desplacen a otros sitios”.

También advierten que, en comparación con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, “la sostenibilidad de la aspersión área es baja”, toda vez que la tasa de resiembra llega al 35%. Según el más reciente Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la tasa de resiembra tras la erradicación manual y voluntaria en el Marco del PNIS es del 0,6%.

El otro argumento que esgrimen desde WWF cita una investigación hecha por los expertos Daniel Mejía y Adriana Camacho en 2015, que revela que, para erradicar una sola hectárea de coca, es necesario fumigar hasta 30 hectáreas, por lo cual es ineficiente en términos de costo beneficio, pues es muchísimo más costosa la aspersión aérea.

Además, reseñan que, según información de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia, el costo promedio de erradicación por medio de aspersiones aéreas entre el 2003 y 2014 fue de 72 millones de pesos por hectárea, 32 millones más que hacerlo vía sustitución.