Entre más pasan los días aumentan las incógnitas y escándalos en torno a la millonaria compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira que hizo Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), a una empresa que, al parecer, es ficticia.
La inversión en los vehículos hizo parte del programa social Ruta por la Vida y tuvo un costo estimado de $46.000 millones en un contrato que se le adjudicó a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., que tuvo varios dueños, cambios de nombre y de finalidades, pues pasó de ser una ferretería y legumbrera a importar enlatados, carnes y hasta vehículos.
En un nuevo episodio del escándalo, Caracol Radio Cúcuta dio a conocer que el domicilio que se reporta en los documentos legales de la empresa queda en una casa abandonada que no tiene actividad desde hace más de un año.
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Así mismo, la W Radio llegó hasta el lugar ubicado a dos cuadras del Palacio de Justicia y de la Fiscalía de Cúcuta, y constató que no lo habita nadie, y por el contrario tiene en sus ventanas avisos de arriendo y venta.
El inmueble está enrejado y tiene la fachada de una vivienda normal que se camufla con as demás del sector, además no tiene ningún indicio de que allí haya funcionado la empresa Impoamericana Roger S.A.S.
Caracol Radio indagó y pudo conocer que la vivienda está a nombre de un hombre identificado como Carlos Julio Mejía Téllez que, al parecer, no tendría ninguna relación con Roger Alexander Pastas, el representante legal de la empresa que recibió el millonario contrato por más de $46.000 millones.
Pastas está inmerso en un pleito legal, pues los carrotanques presentaron un sobrecostos, de cuerdo con información revelada por W Radio que identificó varios elementos en el contrato de los vehículos que no cumplen con los requisitos legales.
Entre las irregularidades identificadas por el medio citado están los costos de las pólizas de seguros para vehículos que superen las 18 toneladas, que fueron reportados con un valor de $85 millones por vehículo, cuando en realidad cuestan $12 millones, es decir, 73 millones de pesos menos de los consignados en los documentos.
Por otra parte, se indicó que el mantenimiento de los carrotanques tenía un valor unitario de cinco millones de pesos, pero en el mercado ese servicio tiene un valor aproximado de millón y medio de pesos.
Las irregularidades no paran allí, pues en la secretaría de Tránsito de Riohacha se registraron las matrículas de los carrotanques y el reporte entregado sobre el costo fue de 76 millones de pesos por vehículo, pero el valor real por matricular ese tipo de automotores es de 26 millones de pesos.
En total el sobrecosto del contrato asciende a más de $20.000 millones, lo que tiene pendiendo de un hilo a Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien está a punto de salir de la entidad y fue denunciado penal y disciplinariamente por la Oficina de Transparencia del Gobierno nacional.
“No permitiremos que nadie haga negocios con los derechos de la ciudadanía. Espero que las autoridades (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría), donde he radicado las denuncias en el marco de mis funciones como Secretario de Transparencia, establezcan si los implicados (funcionarios de la @UNGRD y contratistas) incurrieron en algún delito, faltas disciplinarias o fiscales”, indicó en su cuenta de X el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga.
El primer contrato de compra de los carrotanques ya están en poder de la Procuraduría, entidad que investiga las presuntas irregularidades denunciadas.