Alpina respondió acusaciones del Ministerio de Trabajo de interferir con el derecho de asociación

En vista de que la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio de Trabajo inició un procedimiento sancionatorio en contra de Alpina Productos Alimenticios S.A., tras identificar presuntas acciones que atentarían contra el derecho de asociación sindical de sus trabajadores, la empresa alimenticia respondió.

La formulación de cargos -cuyas copias han sido compulsadas a la Fiscalía General de la Nación- por parte de la cartera de Trabajo se ha enfocado, específicamente, en el uso incorrecto del pacto colectivo y actos que podrían obstaculizar la afiliación a sindicatos, en términos del radicado del ministerio.

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Por medio de un comunicado que fue conocido por El Tiempo, la reconocida empresa transmitió que había “anotado que el Ministerio ha anunciado la apertura de un proceso administrativo sancionatorio sobre el cual no hay decisiones en firme”, como citó el medio.

Indicó la corporación especializada en la producción de alimentos lácteos que buscaría comprobar que, en contraposición con el radicado Nº 05EE202233020000070551 del ministerio, no ha infringido el derecho de sus colaboradores a afiliarse a un grupo sindical.

“Frente al proceso en mención, utilizaremos los recursos legales y la información que tenemos para demostrar que Alpina no ha incurrido en las conductas por las que se dio apertura al proceso”, indicó la misiva.

Eso sí, indicaron que al no dar mayores detalles hasta que las autoridades tomen una decisión, la empresa láctea es “absolutamente respetuosa de los derechos sindicales y de asociación. La compañía estará dispuesta a atender requerimientos adicionales para darle oportuna respuesta al proceso”, como citó el diario.

Mientras tanto, la empresa debe buscar pruebas para defenderse. A la vez que se encuentra bajo la investigación, la corporación tiene un plazo de quince días hábiles para presentar descargos y pruebas en su defensa frente a acusaciones relacionadas con posibles prácticas que atentan contra el derecho a la asociación sindical.

De no poder demostrar lo contrario, la compañía enfrenta la posibilidad de sanciones económicas que podrían ascender hasta los 5.000 salarios mínimos, según informó la Presidencia de la República.

Los hechos se desarrollaron a raíz de una queja que se presentó el 22 de diciembre de 2022 por los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores de Productos Alimenticios (UTA), Arturo Casallas Castañeda y Carlos Arturo Ruiz Sierra, por una serie de renuncias a la asociación.

Entonces, el inspector de trabajo y seguridad social, Luis Gabriel Ángel, adscrito al grupo interno de trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la cartera, recopiló las pruebas que llevaron a comunicar a Alpina, el 5 de febrero, la apertura de este Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Según el documento emitido por esta entidad, se acusa a la compañía de violar específicamente el literal a) del artículo 354 del C.S.T. y de la S.S., que prohíbe “obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley”.

Lo anterior, en atención a que la institución determinó que existió una mejoría de los derechos en la convención colectiva de trabajo, de manera que algunos beneficios habrían superado varias condiciones que se habían acordado con la UTA.

“Este podría ser el motivo de las renuncias sistemáticas al sindicato, aparentemente libres, pero sospechosas en el contexto en que se han realizado”, expresó el documento del Ministerio, que, entre líneas, sugirió que las ventajas ofrecidas fuera del ámbito sindical podrían estar influyendo en la disminución de afiliaciones a la UTA, en búsqueda de mejores beneficios económicos y esto constituiría la infracción denunciada.