Reprograman juicio disciplinario contra Álvaro Leyva por licitación de pasaportes: esta es la nueva fecha

La Procuraduría General de la Nación fijó el miércoles 28 de febrero la nueva fecha para el juicio en contra del canciller Álvaro Leyva Durán, suspendido por tres meses por parte del ente de control disciplinario, debido a su responsabilidad en las presuntas irregularidades registradas en la licitación para la adjudicación de pasaportes, declarada desierta por su despacho el 13 de septiembre de 2023 y que originó una millonaria demanda de parte de Thomas Greg & Sons.

La diligencia en el Ministerio Público fue fijada para el miércoles 6 de marzo, en la que se resolverá el recurso radicado por la defensa del veterano funcionario, que pidió levantar la suspensión provisional en su contra y recuperar las funciones propias de su cargo. Esto luego de que el lunes 26 de febrero, el abogado de Leyva, Yéfferson Mauricio Dueñas, solicitó un aplazamiento de la audiencia.

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El motivo de su solicitud se debió a que a la misma fecha y hora el letrado tenía otra sesión programada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que oficia como apoderado. En consecuencia, la cita fue postergada para esta nueva fecha, desde las 10:00 a. m., en las instalaciones de la Procuraduría ubicadas en Bogotá, con el fin de avanzar en este proceso, en el que Leyva ha interpuesto toda clase de recursos para recuperar su presencia en el Palacio de San Carlos.

A través de Dueñas, Leyva Durán radicó una solicitud en la entidad en la que pedía que se debía levantar la suspensión de tres meses en su contra, con el argumento de que ya no tenía capacidad de influencia en el proceso contractual que se adelantaba por parte de la Cancillería, por el orden de los $599.000 millones para la expedición de pasaportes para los próximos cuatro años. El mismo en el que tuvo injerencia el ex secretario general José Antonio Salazar.

“Sin embargo, al haberse delegado en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de dirección los procesos contractuales del Ministerio y su Fondo Rotatorio, a través de la Resolución No. 1344 de 2024, desaparecieron los motivos que dieron origen a la suspensión provisional”, se leyó en el oficio que el abogado expresó los motivos por los cuales su apoderado debía ser restituido en su cargo, luego de la decisión tomada el 24 de enero.

En el boletín 056 de 2024, el Ministerio Público hizo énfasis en los argumentos encontrados por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la entidad, en el sentido que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de forma provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023, al parecer “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Y la segunda corresponde por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que existieran causales para tal fin.

En este proceso, es válido destacar que la Procuraduría cesó de continuar las investigaciones contra Salazar, debido a que Leyva, en calidad de jefe de la cartera, había tomado las decisiones del proceso, al quitarle las facultades administrativas en la mencionada licitación, en la que la compañía Thomas Greg & Sons obtuvo un total de 1.000 puntos sobre 1.000. A juicio del organismo, la permanencia del canciller podría significar presuntas faltas disciplinarias o cometería nuevas en el caso.