Juan José Lafaurie acusó al hijo del suspendido canciller Álvaro Leyva de influir en favor del proveedor de los pasaportes

Continúa la polémica por la adjudicación de la firma Thomas Greg & Sons como proveedora oficial de los pasaportes en el país. La Cancillería, encabezada de manera interina por Luis Gilberto Murillo, y a través de su saliente secretario General, José Antonio Salazar, emitió tres resoluciones que permitieron que la compañía, que lleva encargándose de dicho proceso durante los últimos 17 años, ganara el contrato para continuar ejerciendo la misma labor.

La noticia generó un completo escándalo político en el que incluso resultó involucrado el presidente Gustavo Petro. El mandatario arremetió contra el secretario Salazar, que revocó algunas decisiones que había tomado el suspendido Álvaro Leyva, las cuales impedían que la firma se quedara con dicha licitación.

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Frente a ello, diferentes sectores de la oposición al Gobierno del máximo líder del Pacto Histórico reaccionaron e incluso apuntaron contra el mismo canciller suspendido, Leyva, que permanece alejado de su cargo durante tres meses por decisión de la Procuraduría General de la Nación.

Por ejemplo, Juan José Lafaurie, hijo de la congresista María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se manifestó en sus redes sociales frente a la que es una de las más recientes polémicas de la administración encabezada por Gustavo Petro.

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), Lafaurie aseguró que toda esta situación representa un “espectáculo” en medio del cual el hijo del canciller suspendido, Jorge Leyva, quiere imponer al proveedor de dicho documento en el país.

“Todo este espectáculo se evitaría si admitieran que no quieren al candidato más adecuado para proveer los pasaportes, sino al que diga el hijo de Leyva”, indicó.

Y es que en uno de los más recientes episodios de dicha polémica, se conoció que en la mañana del 26 de febrero, el secretario general de la Cancillería llamó a Álvaro Leyva para comentarle de la decisión que había tomado.

Según explicó el funcionario a Semana, él no tiene conocimiento de si dicho dictamen generó molestia en el canciller suspendido: “Yo no sé si estará molesto. Yo hablé con el doctor Álvaro Leyva este lunes 26 de febrero, fue algo breve. Cumplí con el deber. Es mi responsabilidad legal”, reveló.

Lo que sí es cierto, según detalló Salazar, es que Leyva reprochó al funcionario no haberle consultado tal situación antes de hacerse oficial, a pesar de la sanción que le impide ejercer sus labores: “El doctor Álvaro Leyva me dijo: ‘Se supone que usted es el secretario general que yo designé. Debió haberme dicho antes lo que iba a hacer’”.

No obstante, el ahora ex secretario General de la Cancillería indicó que la presión que vivía en medio del proceso lo obligó a tomar tal decisión, la cual decretó después de estudiar todo el caso durante algunos días “encerrado en su casa”,

“No le dije antes, porque el problema se me seguía volviendo insoluble. Tenía la obligación, el deber de resolverlo. Por eso, me encerré en mi casa a trabajar cuatro días, a estudiar con el conocimiento jurídico que tengo y tomé las decisiones”, agregó Salazar.

Cabe anotar además que el canciller encargado Murillo dio a conocer en la tarde del mismo 27 de febrero que “el secretario General no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023″.

Así mismo, el ministro encargado confirmó que la decisión de Salazar fue tomada sin consultar a los organismos encargados, desobedeciendo además las instrucciones que él mismo había dado a conocer.

“(Salazar) ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del canciller encargado”, puntualizó.