Fiscalía inspeccionará al CNE por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico

Continúa el debate por los dineros que ingresaron a la campaña del Pacto Histórico para la elección del Congreso y la Presidencia en 2022. Ahora la Fiscalía General de la Nación anunció que hará una inspección al Consejo Nacional Electoral (CNE) para identificar el reporte de ingresos y gastos de la campaña de la coalición.

Con esta medida se pretende analizar a fondo la presunta financiación ilegal y las acusaciones por posibles gastos no reportados para la fecha. En el documento del ente acusador se destaca que la Fiscalía adelantará una diligencia de inspección el jueves 29 de febrero para que entregue la documentación solicitada.

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“Proceso relacionado con el reporte de ingresos y gastos de la campaña de la coalición del Pacto Histórico, por las elecciones del Congreso llevadas a cabo en marzo de 22″, dice el documento del ente acusador remitido al CNE.

La indagación se realiza por la contratación que el partido político hizo con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué Sadi S.A.S, por más de $5.000 millones, esta debía movilizar a los candidatos en las campañas a Congreso y a la Presidencia de la República, que se desarrollaron en 2022.

Por el momento la Fiscalía investiga los contratos que se le adjudicaron a esa compañía de transporte.

Según la plataforma Cuentas Claras del CNE, en la campaña para la primera vuelta presidencial, el Pacto Histórico gastó $799 millones para el transporte aéreo de Petro, monto que cobró la compañía Sadi SAS. Y en la segunda vuelta la misma campaña reportó gastos por $2.770 millones con la misma compañía.

Algunos de los políticos que usaron la aeronave fueron los senadores Pedro Flórez y María José Pizarro; la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; la representante a la Cámara Katherine Miranda; el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, entre otros.

Según informó el Consejo a inicios de febrero del 2024, la compañía no remitió los permisos de vuelos otorgados por la Aeronáutica Civil al avión, cuya matrícula es HK5328. Además, habría anulado nueve facturas electrónicas que se habían expedido con motivo de viajes realizados tanto por Petro como por personas cercanas a él.

Por lo que el CNE le pidió a Aeronáutica un reporte en el que informe los vuelos y la anulación de las facturas, con el fin de contrastar los datos e indagar acerca de una posible manipulación en el pago de los servicios:

“Que remita con destino al expediente los permisos de vuelo otorgados a la aeronave de placas HK5328 - SUPER KING 300. Así mismo, para que remita la información de la empresa que operaba la aeronave en mención durante el interregno enunciado, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído”, dice en el documento.

Además, en diciembre del 2023, el CNE solicitó a Sadi S.A.S., entregar una copia de las bitácoras de viaje que contengan los datos de las personas que fueron transportadas en la aeronave en relación con los servicios prestados al Pacto Histórico.

Lo que se le hace extraño a los magistrados es que las bitácoras no aparecen en los registros de la Aeronáutica, que desde el mes de agosto del año anterior le hizo llegar al tribunal toda la información relacionada con los permisos otorgados a la empresa y a la campaña en 2022.

El piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, que transportó en algunas oportunidades al presidente Petro se entregó en septiembre del 2023 a las autoridades del país norteamericano.

Según investigaciones de El Tiempo este era buscado por el FBI y la DEA por el envío de cargamentos de cocaína a través de avionetas a países de Centroamérica, por lo que para evitar una mediática detención, el piloto decidió ponerse a disposición de las autoridades.

Uno de los casos que vinculan a la compañía aérea con el narcotráfico fue la aprehensión de una avioneta con cajas de tapabocas en las que estaban camufladas 466 panelas de cocaína. La aeronave llegó a la isla supuestamente con ayudas para los damnificados por el huracán Iota, que destruyó más del 90% de la infraestructura de la población en 2021.

Desde entonces las autoridades estadounidenses le siguieron la pista a la empresa debido a que haría parte de una red de tráfico de drogas que se encargaba de transportar las sustancias alucinógenas entre Colombia y Honduras, desde donde salía hacia Norteamérica con destino a países como México y EE. UU.