Esta es la sanción por el hurto de energía eléctrica en Colombia: conozca las líneas de atención

En caso de que un usuario sea víctima del hurto o presencie tal hecho, podrá generar su denuncia de manera anónima

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El hurto de energía es una problemática que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales - crédito Infobae
El hurto de energía es una problemática que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales - crédito Infobae

Conforme con el más reciente análisis de Enel Colombia, desde enero 1 hasta el 31 de diciembre de 2023, se reportaron 28.800 casos de hurto de energía, de los cuales cerca de 12.000 corresponden a conexiones directas a la red de forma no autorizada.

El restante de los reportes, trata de intervenciones para alterar las conexiones y elementos del medidor, con el fin de evitar que se registre el consumo de energía de manera adecuada.

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A partir de eso, la compañía hizo un llamado a toda la comunidad usuaria, con el fin de contrarrestar el aumento de los casos durante 2024. Además, resaltó la gravedad del hecho tanto para quienes se ven afectado por el servicio, como de aquellos que están implicados en el hurto.

Y es que la compañía aseguró que dicha práctica pone en riesgo la seguridad de los clientes, quienes pueden experimentar fluctuaciones, incendios en sus domicilios y daños irreversibles en sus electrodomésticos.

La subgerente de Compromiso con el cliente, Mónica Gómez, comentó que desde Enel Colombia se está trabajando constantemente en la reducción y erradicación del hurto de energía, con el fin de preservar la seguridad de nuestros clientes y de la misma infraestructura.

“Por eso, hemos fortalecido nuestros mecanismos de trabajo ante las autoridades competentes. Quien comete el hurto pone en riesgo su vida e integridad física, ya que, al manipular las redes, se expone a recibir descargas eléctricas y a sanciones penales con multas o privación de la libertad, hasta por 6 años”, agregó Gómez.

Líneas para reportar el hurto

En caso de que un usuario sea víctima del hurto o presencia tal hecho, podrá generar su denuncia de manera anónima por medio de la línea telefónica de Enel Colombia: (601) 514 00 00 para Bogotá, o a través del sitio web de la compañía, ingresando en el siguiente enlace: enelsud.info-enel.com/enel-reporte-anonimo.

Consecuencias y multas por el hurto de energía eléctrica

La empresa resaltó que el hurto de energía es una problemática que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales. Es decir, que esas tres fases se registran cuando la electricidad se desvía de manera ilegal, ya sea para evadir los costos reales o recibir el servicio sin pagar. “Por ello, cuando se comete nos afecta directa e indirectamente a todos”.

Por consecuencia de los casos reportados en 2023 y en 2024, la compañía explicó las tres consecuencias del hurto de energía eléctrica, las cuales son:

  • Económicas: las empresas prestadoras de servicios suelen tener perjuicios financieros debido a conexiones fraudulentas.

“En Enel Colombia, recientemente, registramos pérdidas superiores a los 79 millones de pesos anuales. Por ello, los consumidores legales se pueden ver afectados por el alza de las tarifas de energía”, agregó la empresa.

  • Sociales: el hurto de energía afecta la calidad del servicio. Debido a las malas conexiones se generan interrupciones en el suministro eléctrico de la comunidad y hacen que se presenten fluctuaciones, ocasionando daños en los equipos electrónicos. Además, se pueden producir incendios, poniendo en riesgo los predios cercanos y la seguridad de todos.
  • Ambientales: quienes buscan maneras de hacer uso de la energía de forma ilegal también afectan al medio ambiente, pues por los costos bajos o nulos se desperdicia el recurso sin necesidad. Esto lleva al agotamiento de las fuentes de energía no renovables, un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y la aceleración del calentamiento global.

En cuanto a la penalidad que puede ser impuesta a quienes sean culpables por el hurto de energía eléctrica, la empresa explicó que la multa corresponde a una privación de la libertad de 16 a 72 meses y una sanción económica entre 1,33 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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