Pasaportes en Colombia: este es el hombre al que Gustavo Petro acusó de traición tras polémica decisión

La decisión del secretario General de la Concillería José Antonio Salazar, de adjudicar el multimillonario contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, por el orden de los $599.000 millones, generó una fuerte respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, que en sus redes sociales se despachó en contra del funcionario con fuertes calificativos, que generaron cierta indignación en el espectro político.

Salazar, palabras más, palabras menos, fue tratado como traidor por el jefe de Estado, que a través de su perfil de X (antes Twitter) anunció que lo declararía insubsistente, debido a que desatendió lo que sería la instrucción del Ejecutivo en relación con este polémico tema: que sigue causando escándalo en las redes sociales luego de las decisiones que ha tomado en este sentido, con tal de que la referida compañía no resulte ganadora.

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“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, enfatizó Petro, tras conocerse las resoluciones 1394, 1395 y 1396, firmadas por Salazar.

Tras esta dura publicación, que dio pie para todo tipo de mensajes en contra de Salazar, surgió el interrogante acerca de la trayectoria de quien pasó a estar en la palestra pública por los señalamientos del primer mandatario. En especial, luego de que afirmara que su objetivo no era servir a una figura en particular, sino cumplir con la ley y la Constitución.

“Yo quiero salir de la Cancillería como un hombre honrado, que se preocupa por cumplir con el deber y que atiendo la Constitución y la ley antes que los caprichos personales”, dijo el hombre, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.

El secretario General de la Cancillería, que recuperó las facultades contractuales el jueves 22 de febrero de parte del canciller (e) Luis Gilberto Murillo, antes de su desplazamiento en Ginebra (Suiza), es un hombre con un amplio recorrido en las lides públicas, con un amplio recorrido en el organigrama del Estado, al que se incorporó en diferentes labores, tanto en el Gobierno como en el legislativo.

Nacido en Guática (Risaralda) y hermano de Ariel Salazar, que fue magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Salazar fue gobernador de Amazonas por designación del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986), al hacer parte del partido Conservador, del cual era el mandatario. Estudió sus estudios secundarios en Riosucio Caldas y es egresado de la facultad de derecho de la Universidad de Caldas.

En su hoja de vida también se destaca que entre 1990 y 1994 y 1998 y 2002 fue representante a la Cámara por el departamento del Amazonas, corporación en la que hizo parte de la Comisión de Acusaciones, además de que fue conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, ejerció como profesor de Derecho Comercial de la Universidad Libre y ostenta el cargo de mayor de la reserva de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Conocido en Leticia como “pielrrojita” y que se ha destacado en su labor como abogado litigante, con consabidas victorias en los estrados judiciales, Salazar llegó a la Cancillería por la cercanía con el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán: que si bien también hizo parte del conservatismo, representó —si se quiere— su ala más liberal, cercana al progresismo de Petro. Por eso se dio su contratación, oficializada el 14 de octubre de 2022.

El letrado denunció que luego de expedir las resoluciones y de pretender alojarlas en la plataforma transaccional para gestionar en línea todos los procesos de contratación del Estado, llamada Secop, se le impidió el acceso a la mencionada página por parte de una funcionaria de la entidad, por los que no las pudo dejar en línea.

Pese a ello, la decisión habría sido notificada a Thomas Greg & Sons, en relación con el proceso que inicialmente había sido declarado desierto el 13 de septiembre de 2023 por parte de Leyva Durán, y que llevó a la compañía a demandar al Estado por cerca de $117.000 millones por violación a su derecho de ser elegido en este proceso.