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Luego de que el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, tumbara todas las decisiones tomadas por el suspendido canciller Álvaro Leyva para evitar que Thomas Greg & Sons (TGS) se quedara con el contrato para la elaboración de pasaportes por casi $600 mil millones, y le adjudicara la licitación a dicha compañía británica, se desató una tormenta política en la Cancillería y la Casa de Nariño.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primero en rechazar categóricamente la inesperada decisión de Salazar, quien revocó la declaratoria de licitación desierta (LP-001-2023), y terminó la urgencia manifiesta -establecida por Leyva-, para entregarle el contrato para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes a Thomas Greg.
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“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata”, escribió en sus redes sociales el jefe de Estado colombiano, para luego irse de lanza en ristre contra la compañía británica: “El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, sentenció.
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Salazar no guardó silencio y aseguró al diario El Colombiano que adjudicó el contrato a TGS porque “la Constitución y la Ley están por encima del presidente”. En diálogo con el diario El Espectador, además agregó “si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz”.
Gobierno buscaría quitarle la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons
Tras corroborar en diálogo con el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que ni él ni ninguno de sus subalternos consultaron al canciller (e), Luis Gilberto Murillo, sobre la decisión de adjudicarle el contrato de los pasaportes a TGS, el diario El Colombiano conoció que desde la Casa de Nariño estarían buscando tumbarle la millonaria licitación a la empresa.
De acuerdo con el rotativo antioqueño, la “medida desesperada” tomada por el Ejecutivo fue que el canciller (e) Luis Gilberto Murillo nombrara en la noche del lunes 26 de febrero a Paola Andrea Vásquez como nueva secretaria general de la Cancillería, en un intento por evitar que más funcionarios tomen decisiones en contra vía de los intereses del Gobierno Petro.
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Sobre Vásquez se sabe que fue la secretaria privada de la Gobernación del Chocó en 2012, cuando Murillo ejerció como gobernador, lo que la convierte en el alfil del hoy canciller encargado. Además, distintos medios conocieron que la contadora de profesión fue declarada como insubsistente en 2023 por un fallo del Consejo de Washington, que catalogó como nulo el decreto que la asignaba como consejera de Relaciones Exteriores en la Embajada en Estados Unidos.
En cuanto a otras ‘jugadas’ que habría puesto sobre la mesa el Gobierno nacional para quitarle la licitación a Thomas Greg & Sons, el diario El Colombiano conoció que antes de que Salazar le otorgara el millonario contrato a TGS, fuentes de la Cancillería le confirmaron al rotativo que desde la entidad trabajaban en una serie de argumentos para asignarle ese contrato a la Imprenta Nacional, quien a su vez subcontrataría a la compañía mexicana Accesos Holográficos, para que realizara el proceso. Por ahora se desconoce si el Ministerio retomaría esa base.
Entre tanto, el diario El Espectador conoció que la Cancillería busca la forma en cómo reaccionar, mientras que en la Casa de Nariño reina la confusión y la molestia por la “movida de Salazar”.
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