Gustavo Petro ratificó “amenaza” a secretario General de la Cancillería y dejó en firme decreto con el que lo declaró insubsistente

Luego del duro mensaje emitido en su perfil de X (antes Twitter), en el que acusó al secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, de “traición” tras expedir las resoluciones 1394, 1395 y 1396, con las que adjudicaba el polémico contrato por $599.000 millones a la firma Thomas Greg & Sons para la impresión y distribución de pasaportes, el presidente de la República, Gustavo Petro, cumplió su “amenaza” contra el funcionario.

“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, indicó Petro en su perfil, con lo que adelantó la suerte que correría el secretario.

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Y fue entonces, a través del decreto 0228 de 2024, emitido el lunes 26 de febrero, cuando el jefe de Estado confirmó la declaratoria de insubsistencia contra Salazar, cesado de sus funciones, luego de que estuviera 16 meses en el cargo, al que llegó gracias al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán. Así quedó establecido en el documento que se publicó en las plataformas de la presidencia, con la que quedó en firme la decisión.

“Declarar insubsistente al señor José Antonio Salazar, en el cargo de secretario General del ministerio de Relaciones Exteriores, código 0035, grado 25,de la Planta Global del Ministerio de Relaciones Exteriores”, se enfatizó en el mencionado decreto.

En su lugar, el primer mandatario designó a Paola Andrea Vásquez, funcionaria adscrita a la embajada de Colombia ante los Estados Unidos de América, como la encargada de ahora en adelante de cumplir con las funciones propias de su puesto. “Sin desvincularse de las funciones propias de su cargo, mientras se designa y posesiona el titular”, se leyó en el documento, firmado por Francisco José Coy, viceministro de Relaciones Exteriores.

No es la primera vez que el presidente declara insubsistente a uno de sus funcionarios. Ya había sucedido el 14 de diciembre de 2023, cuando con el decreto 2175 de 2023, cesó de su cargo a la superintendente de Industria y Comercio (SIC), María del Socorro Pimienta, debido a una serie de denuncias en su contra, debido a algunos de los procesos que adelantaba la entidad, entre ellos los relacionados con el fútbol colombiano y aerolíneas.

“Declárese insubsistente el nombramiento de la doctora María del Socorro Pimienta Corbacho en el empleo de libre nombramiento y remoción de Superintendente Código 0030, grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio”, se especificó en el documento emitido por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y firmado por el titular de ficha cartera, Germán Umaña, que acató la orden dada por primer mandatario.

Luego de que el presidente se pronunciara en sus redes sociales, José Antonio Salazar salió a dar su versión en los medios de comunicación y justificó la decisión tomada en favor de Thomas Greg & Sons, al considerarla apegada a la ley y la Constitución; contrario a lo que ha pregonado Petro, que no ha dudado en calificar como indicios de corrupción cualquier proceso contractual en el que se escoja a un único proponente.

“Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”, manifestó el saliente funcionario en diálogo con Noticias Caracol, con el que le salió al paso a los señalamientos en su contra, en relación con esta controversia.

La determinación de Salazar se conoció luego de que el ministro (e) de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, le devolviera las facultades que le habían sido arrebatadas por el suspendido Álvaro Leyva, que el 13 de septiembre de 2023 declaró desierta la licitación en la que la única oferente que cumplía con todos los requisitos era la compañía que actualmente tiene el contrato para la expedición de pasaportes.