Funcionarios del Ministerio Hacienda están en el ojo de la Procuraduría: qué busca el órgano de control

La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las presuntas irregularidades en la expedición del decreto con el que se liquidó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2024.

La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública sostuvo que, según dieron a conocer medios de información, habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones.

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El Ministerio Público busca definir si hubo omisiones al surtir el proceso como dicta la normativa y se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo, así como las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión.

En el mismo sentido, el organismo de control revisará el Decreto 2295 de 2023, en el que estaban consignados los gastos presupuestados para 2024, y la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en uno solo, con lo que se pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los mismos.

Así mismo, se indagará por el acta que debió gestionar el encargado de la secretaría técnica del Consejo de Ministros y que, al parecer, por desconocer su responsabilidad omitió hacer, lo que habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.

La entidad ordenó la práctica de pruebas para identificar a los sujetos procesales implicados, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno de Gustavo Petro puso fin a la polémica y oficializó la adecuación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, tras la firma del decreto correspondiente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente Gustavo Petro.

Esta acción asignó un capital de $13 billones para el desarrollo de más de 100 megaproyectos a lo largo y ancho del país, incluyendo el metro de Bogotá, el metro de la 80 en Medellín y varias autopistas de cuarta generación (4G), lo que marca un precedente significativo en la inversión para infraestructura en Colombia.

La distribución de recursos garantiza la continuidad y ejecución de importantes obras de infraestructura que habían recibido luz verde del Congreso de la República en el presupuesto del año anterior.

Entre los proyectos destacados se encuentran el Regiotram de Occidente, las fases 2 y 3 de TransMilenio a Soacha, Ruta del Sol 3, el Túnel del Toyo y sus carreteras de acceso, así como la primera línea del Metro de Bogotá. En adición, se destinarán fondos a proyectos 4G vitales como Pasto – Rumichaca, Mar 1 y Mar 2, y Pacífico 1 y 3, entre otros, enfatizando el compromiso del Gobierno con la mejora y expansión de la infraestructura nacional.

Luego de la acción del Gobierno Petro, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo hizo un fuerte análisis de lo que pasa.

Aseguró que el fallido intento de los $13 billones de partidas globales que debió ser retirado melancólicamente con el ahora recordado “decreto de Yerros”, es uno de los tres episodios que tienen un hilo conductor común: el deseo de este gobierno de sacar a codazos al sector privado de la infraestructura y acabar con los esquemas APP (asociaciones público - privadas)

Los otros dos, según él, son, el primero, “el esperpento jurídico de decreto reglamentario que ahora anda colgado para comentarios, dándole al presidente carta blanca con las vigencias futuras, saltándose toda la institucionalidad técnica dispuesta para ello”, y, el segundo, “el anuncio del Ministerio de Transporte de que se disponen liquidar el gran programa de concesiones para la costa caribe con el que se buscaba modernizar la infraestructura vial de la región Caribe alegando problemas de peajes”.

Para Restrepo, si no haber establecido un par de peajes (o no haber ordenado con autoridad su instalación como correspondía) es razón suficiente para declarar la liquidación anticipada de un contrato de concesión que vale $4,2 billones, el país está empezando a presenciar lo que será la parálisis en todo el país del esquema de concesiones APP, a través de las cuales se ha logrado canalizar exitosamente más de $100 billones en los últimos años para modernizar la infraestructura del país.

Según el exfuncionario, esta suma que hubiera sido absolutamente imposible canalizar hacia el desarrollo de la infraestructura por medio de los solos recursos públicos, así que por todas partes habrá en adelante un peaje en dificultades que podrán alentarse y servirá para alegar que procede la liquidación anticipada del contrato de concesión respectivo

Aseguró que es también el comienzo de litigios gigantescos contra el Estado por liquidación anticipada de los contratos: “En vez de vías modernas tendremos en adelante kilómetros de pleitos. Retrocedemos treinta años en la modernización de la infraestructura”, apuntó Juan Camilo Restrepo.