Secretario general de la Cancillería desafía decisión presidencial porque es un “hombre honrado”: prepara recurso de reposición

El secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, que se vio envuelto en una polémica tras la declaratoria de insubsistencia por parte del presidente Gustavo Petro, decidió responder a las acusaciones y desafiar la decisión presidencial. El funcionario anunció su intención de interponer un recurso de reposición contra la medida que lo apartó de su cargo, al afirmar que no abandonará su posición sin antes defender su integridad y su actuación dentro de la legalidad.

La controversia estalló cuando el jefe de Estado, en un acto sin precedentes, destituyó a Salazar luego de que este firmara un contrato con la firma Thomas Greg & Sons (TGS) para el suministro, formalización y prestación del servicio de custodia y distribución de pasaportes. Petro lo acusó de traición y de favorecer intereses “corruptos” al otorgar el contrato a una única empresa.

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“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, publicó Gustavo Petro en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Sin embargo, Salazar se defendió con el argumento de que su actuación se ajustó estrictamente a la ley y a los procedimientos establecidos. En declaraciones a Noticias Caracol, afirmó que su objetivo es salir de la Cancillería “como un hombre honrado, comprometido con el cumplimiento de la ley y de la Constitución”.

“Yo quiero salir de la Cancillería como un hombre honrado, que ha aplicado la ley, que ha aplicado la constitución, que se preocupa por cumplir con el deber y que atiendo la Constitución y la ley antes que los caprichos personales”, señaló el funcionario.

Insiste en que su decisión de adjudicar el contrato a TGS fue el resultado de un “proceso licitatorio transparente y legítimo”, en el cual la firma cumplió con todos los requisitos y obtuvo el puntaje más alto.

El recurso de reposición que Salazar planea interponer es una medida ordinaria utilizada para impugnar decisiones administrativas. Con esta acción, busca que se revisen las supuestas inconsistencias en la declaratoria de insubsistencia y que se reconsidere su destitución. Argumentó que el presidente Petro no tiene la facultad de revocar la adjudicación del contrato, ya que esta se basa en un proceso licitatorio válido.

La situación se complica aún más con la intervención del suspendido canciller Álvaro Leyva, que había declarado desierta la licitación antes de ser apartado de su cargo. Salazar revocó esta decisión y procedió a otorgar el contrato a TGS, por la suma de $599.000 millones, lo que generó críticas y descontento en diversos sectores.

La Cancillería, en manos de Leyva, había tomado la decisión de suspender temporalmente el contrato para la distribución de pasaportes, en julio de 2023. Esta medida, que generó una notable incertidumbre, se llevó a cabo con el objetivo de responder a las inquietudes manifestadas por los organismos de control respecto al proceso de licitación.

La situación se tornó compleja debido a que, durante la suspensión del contrato, la empresa TGS continuó con la realización de las labores correspondientes a la custodia y distribución de los pasaportes. Este hecho suscrito dudas y cuestionamientos sobre la efectividad de la medida de suspensión y sobre la transparencia en el manejo de los contratos públicos.

La decisión de suspender el contrato se produjo en un momento en el que se había otorgado una puntuación perfecta de 1.000 puntos al grupo de TGS, lo que le habilitaba para continuar con todos los componentes del contrato. Esta situación generó controversia y críticas, ya que algunos sectores de la opinión pública consideraron que podría existir un trato preferencial hacia este único proponente.

Diversas empresas, entre ellas Accesos Holográficos y Cadena SA, IN Groupe, Idemia, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Veridos México y Smurfit Kappa, denunciaron posibles irregularidades que podrían favorecer a TGS en el proceso de licitación.

Estas compañías señalaron que el requisito de contar con una planta de producción de pasaportes en Bogotá, el cual otorgaba una puntuación adicional en la evaluación, era injusto y desigual, dado que, según lo informado por Cuestión Pública, TGS sería la única empresa con una instalación de este tipo en la capital, lo que le conferiría una ventaja significativa en el proceso de licitación.