Una jueza de la República condenó el lunes 26 de febrero de 2024 al coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Armando Pérez Amézquita por el asesinato del firmante de la paz Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril de 2019 en la vereda Carrizal, zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). En un caso que acaparó la atención del país, debido a las explicaciones que en su momento dio el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Pérez Amézquita, cuyo sentido del fallo condenatorio ya se había conocido el 31 de enero, deberá pagar una pena de 40 años de prisión, al ser hallado responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida, toda vez que fue el que ordenó la ejecución de Torres, cuyo cadáver fue encontrado en lamentable estado por parte de los moradores de esta zona del país.
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En este caso, en el que acabaron con la vida de un exmiembro del frente 33 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), están involucrados los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón, condenados por el favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida, a penas de cinco años y cuatro meses.
Las condenas se conocieron luego de que un fiscal de la Unidad Especial de Investigación demostró en juicio que Pérez Amézquita fue la persona que ordenó la muerte del desmovilizado, con el propósito de impartir justicia por mano propia. Lo anterior, en represalia por la muerte de uno de sus hombres, tras la instalación de un campo minado en cercanías al oleoducto Caño Limón Coveñas; al considerarse como sospechoso a Torres.
De igual manera, se verificó que el alto oficial, que para la época de los hechos era el comandante del Batallón de Operaciones Especiales 11 del Ejército, ordenó a sus subalternos llevar a cabo seguimientos ilegales a la esposa, hermana y papá del hombre asesinado.
Así fue el asesinato de Dimar Torres
El desmovilizado fue interceptado mientras se transportaba en una motocicleta, cuando le propinaron cuatro disparos con fusil que causaron su deceso. Por lo menos ese es el reporte que entregó la Fiscalía sobre este homicidio, aunque versiones de prensa indican que fueron siete los impactos que cegaron la vida de Torres en un sector fronterizo con Venezuela, en un homicidio que causó conmoción en la población.
De acuerdo con el material probatorio en este caso, que estuvo a cargo de la Fiscalía, los uniformados ocultaron la moto luego de ultimar a Torres en los alrededores de la base Sinaí del Ejército y cavaron una fosa común en la que tenían como propósito enterrar el cuerpo del firmante, que a sus 39 años le había apostado a la desmovilización para rehacer su vida y tenía en mente la implementación de un galpón con la ayuda que le giraba el Estado.
El caso fue mediático debido a la forma en que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, manejó la información relacionada, por lo que tuvo que afrontar una moción de censura. La versión que entregó el jefe de la cartera sugería una riña en la que Torres, según fue informado, habría intentado desarmar a uno de los uniformados, en un instante en el que se habría accionado su arma de fuego.
Es importante mencionar que en este caso, el cabo Daniel Eduardo Gómez ya había sido sentenciado a 20 años de prisión después de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, a cambio de reconocer el asesinato de Torres y proporcionar información relevante que implicaba a los demás miembros de las Fuerzas Militares en el delito. Además de esta condena, Gómez fue inhabilitado para trabajar con el Estado por 14 años.