![Francisco Javier Martínez era el director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura - crédito Fiscalía](https://www.infobae.com/new-resizer/4pY38RwZYROmzntQfzeuoAkDI9c=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XJ7XYCKWYND3DJR7PVRQKZNRGY.png 420w)
Martínez, agente del CTI en Buenaventura, Valle del Cauca, es acusado de liderar una red de corrupción vinculada con contrabando en dos de los principales puertos del país, Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Barranquilla, en el Atlántico, a pesar de que existiría material probatorio que lo vincularía a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la venta de armas.
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De hecho, según la Fiscalía General de la Nación, Martínez facilitaba la entrada ilegal de mercancía a Colombia, abusando de su posición para extraer información de los procesos judiciales y alertar a los miembros de la estructura criminal sobre posibles intervenciones.
Sin embargo, el caso ha estado lleno de vacíos e irregularidades, pues existe un informe de 2021 en el que un agente encubierto logró identificar a Martínez como uno de los miembros de una estructura narcotraficante, que ‘encaletaba’ la droga por medio de buzos.
Incluso, el creador del informe, Mario Fernando Herrera Aparicio, y el primero en dar el nombre de Pacho Malo a la Fiscalía, fue asesinado en marzo de 2021, justo dos días después de entregar el documento a las autoridades correspondientes.
![Francisco Javier Martínez habría usado su posición para favorecer actos de corrupción - crédito Fiscalía](https://www.infobae.com/new-resizer/WhVwPJ2wharqDAnHuoGekEzeJXs=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6XV44N7JOJHD7JYJUISDXDDWOM.jpg 420w)
Sin embargo, el documento fue revelado por la Revista Raya, que dejó al descubierto que el agente del CTI no solo facilitaba el paso de mercancías de contrabando, sino también el ingreso y salida de drogas por el principal puerto del país.
““Pacho” tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto… el círculo de trabajo es con alias “Wito” en Cali, quien utiliza el abonado celular 315538****. Además, que el círculo de trabajo es con alias “Cacho o Caliche” en Medellín, quien utiliza el abonado celular 322400****”, detallaba el informe de Herrera, relacionando además a Martínez con conocidos narcotraficantes, entre ellos Edgardo Sánchez Arcos, alias ‘El Ingeniero’, capturado en 2023.
Según testimonios, ‘el Ingeniero’ se encargaba de coordinar acciones con personal antinarcóticos para evadir controles y alertas sobre los contenedores que transportaban la cocaína. Asimismo, el medio reveló que Martínez sería pieza clave en una estructura criminal, siendo el tercer hombre más poderoso de la organización, tan solo por debajo de alias El Ingeniero y alias Canoso.
Además, según el informe de Herrera, Pacho Malo cobraba considerables sumas de dinero por cada cargamento que ocultaba en la proa de las embarcaciones mediante la modalidad de buzo, que consiste en hombres bajo el agua soldando balas con cocaína, además de tener sus propias reglas para el negocio.
“El precio de cada kilo de cocaína oscila entre 8 y 9 millones de pesos la montada en los containers y se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente”, comenta el documento revelado por Revista Maya.
Además, Martínez y al menos dos agentes más del CTI en Buenaventura tenían todo un catálogo de modalidades de envío, entre los que sobresalían el doble fondo en los containers, el ocultamiento en partes mecánicas o en las zonas de ventilación.
“El organigrama está integrado por alias ‘el Ingeniero’, alias ‘Pacho’ o ‘Pacho Malo’, alias Cesar, alias ‘el Gordo’, alias Quiñones y alias Tabares, personas que trabajan la modalidad del preñado con tulas de 20 a 25 kilos hasta un máximo de 300 kilos que tienen el sistema de espejo, empresa a empresa, mejillas y ojitos”.
Además, se pudo conocer que Martínez también habría robado parte de la droga que se incautaba en el puerto para luego comercializarla por valores muy inferiores a los que suelen cobrarse por kilo del estupefaciente. Sin embargo, todo lo que se ha dicho sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, quienes han preferido mantener las audiencias en reserva para no filtrar información de relevancia.