Alfredo Saade no se sonroja y ya habla de reelección de Gustavo Petro, pese a que la Constitución lo prohíbe

Cada vez toma más fuerza la idea de que el presidente de la República, Gustavo Petro, pueda aspirar a una nueva etapa, de cara al 2026-2030, pese a que dicha posibilidad se cerró en 2014, luego de que Juan Manuel Santos resultara elegido para el periodo 2014-2018. Y que para que sea viable, sería necesario modificar, una vez más, la Constitución Política, así como en su momento ocurrió en el Congreso y avaló la Corte Constitucional.

Durante la clausura de las Jornadas Latinoamericanas y Caribeñas de Integración de los Pueblos, que se efectuaron en Foz de Iguazú (Brasil), la vicepresidenta Francia Márquez, que además oficia como ministra de Igualdad y Equidad, hizo un llamado a la reflexión sobre la duración de los mandatos en América Latina. Y, en el caso colombiano, deslizó la opción de que se extienda el mandato de Petro, que se extiende inicialmente hasta el 7 de agosto de 2026.

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Y basándose en fenómenos que afectan, según ella, al país y al mundo, como la crisis climática y la desigualdad, Márquez esbozó su teoría de que los mandatos actuales podrían ser insuficientes para implementar cambios estructurales efectivos. “Dejar la unidad latinoamericana y del Caribe solo en manos de los gobiernos de turno es condenarnos a que cada vez que llegue alguien nuevo, desarticule nuestros procesos e improvise unos nuevos”, indicó la vicepresidenta.

La líder política reconoció que el Gobierno Petro no cumpliría todas sus promesas dentro del mandato que está en curso, por lo que no descarta que se proponga la extensión del actual periodo o que Petro, así como en su momento lo hizo, además de Santos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya administración se extendió por ocho años (2002-2010). Una iniciativa que, como era de imaginarse, generó todo un revuelo en las redes sociales y encendió las alarmas.

Una de las respuestas que generó esta postura de Márquez, que fue blanco de toda clase de cuestionamientos, provino del líder cristiano Alfredo Saade: un personaje que en su momento (octubre de 2023) como director del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, entidad que velaría por el suministro del preciado líquido, pero su designación se cayó debido a la decisión de la Corte Constitucional, de declarar inexequibles los decretos de la emergencia social.

Saade, excandidato presidencial por el Pacto Histórico y que compitió en la consulta interna junto con Petro, no dudó en lanzar una afirmación categórica sobre lo dicho por Márquez, al replicar un mensaje sobre el particular de la periodista Vicky Dávila. “Significa que tenemos que reelegirlo, punto”, afirmó el pastor barranquillero, que se ha enfrascado en una intensa discusión con algunos comunicadores en las redes, contrarios a los postulados de Gobierno.

A decir verdad, la discusión en torno a la duración de los mandatos gubernamentales no es nueva y, de hecho, el mismo Petro también dejó en el aire la opción de que se prolongue su proyecto político; aunque por su cargo no se refirió directamente a reelección, debido a que podría traer duras consecuencias, a juicio de los entendidos en la materia su mensaje fue interpretado como un llamado a buscar alternativas legales para que su mandato dure más de cuatro años.

“Ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista. Decisión de configurar un solo partido político”, comentó Petro el 20 de enero en su mensaje a través de X (antes Twitter), lo que fue motivo de la dura polémica, porque se dio justo después de la muerte de la senadora Piedad Córdoba.

En contrario, con los que defienden los postulados de Márquez, sería una visión amplia social y ambiental en América Latina, en el que la crisis climática y la desigualdad son soluciones que, desde miradas más cercanas a la política, requieren soluciones de largo alcance y que se ven limitadas por periodos de gobierno que no permitan la continuidad de los programas iniciados. Esta situación plantea un desafío para los sistemas democráticos de la región.