Álvaro Uribe Vélez estaría ejerciendo acoso judicial en contra del caricaturista Bacteria

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General de la Nación sobe una demanda que interpuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra reconocido caricaturista.

Y es que el ente acusador programó para el próximo 26 de febrero el traslado del escrito de acusación en contra de Jaime Poveda, conocido como Bacteria, por un mensaje que este publicó en 2019 en su cuenta de X (antes Twitter).

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La querella fue interpuesta por el abogado de Uribe, Abelardo de La Espriella, que denunció al caricaturista por el delito de calumnia agravada.

Sin embargo, de acuerdo con la fundación, la decisión de la Fiscalía desconoce los principios básicos de la libertad de expresión y utiliza, “de manera peligrosa” las normas jurídicas configurando un acoso judicial en contra de la prensa:

“Utiliza (...) el derecho penal como mecanismo para dirimir asuntos de libertad de expresión, con lo cual podría alentar aún más su uso como una forma de acoso judicial en contra de la prensa crítica”.

Por lo anterior, la Flip solicitó a la Fiscalía que archive la investigación pues desconoce la diferencia entre opinión e información, al considerar que un comentario en redes sociales es información clara y precisa.

Además, le solicitó a la Fiscalía que analice dicha solicitud y “evite desgastar a la justicia abordando este tema en los estrados judiciales y cumpla con los estándares internacionales”.

Finalmente, envió un contundente mensaje al expresidente Uribe Vélez para que se abstenga de emplear las herramientas legales en contra de la prensa y, más bien, respalde la labor periodística y sea “más tolerante” con la crítica.

En mayo de 2019, en su cuenta personal, Bacteria citó un mensaje del exprocurador Alejandro Ordoñez sobre la participación de personas con nexos en el narcotráfico en el Congreso, y escribió: “nunca creí que Ordóñez le fuera a dar tan duro a Uribe”.

Un mes después, el expresidente y sus abogados presentaron una querella por calumnia agravada, argumentando que la publicación relacionó, “de manera fáctica”, a Uribe Vélez como autor del delito de tráfico de estupefacientes.

Si bien Bacteria no lo mencionó directamente, la defensa consideró que el caricaturista hizo una alusión clara y que afectó la integridad moral de Uribe, pues la opinión del caricaturista generó una “caracterización errada en la conciencia colectiva” que impactó sus esferas personales y familiares. Sin embargo, según la Flip, nunca hubo una prueba de que este impacto fuera real.

Passados cuatros años de la publicación, en 2023, la Fiscalía le informó a Bacteria sobre la querella y, en febrero de ese año, el caricaturista le solicitó al despacho que se estudiara la viabilidad de archivar la investigación, con base en los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía le informó que la petición no era procedente, pues primero se debía agotar la diligencia de conciliación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que, ante la improcedencia del recurso legal interpuesto por Bacteria, el fiscal asignado al caso insiste en judicializar este asunto, sin analizar previamente los argumentos expuestos por el caricaturista, ni convocar a las partes a una conciliación.

Estos hechos son considerados por la Flip como acoso judicial, pues Uribe Vélez “acude al derecho penal para silenciar las opiniones y voces críticas en contra de él, en una estrategia de censura que es recurrente”.

Entre 2018 y 2023, la Flip ha documentado siete casos de acoso judicial iniciados por el expresidente en contra de periodistas.

Según las pruebas de la fundación, la situación empeora si se tiene en cuenta que, Abelardo de La Espriella, abogado de Uribe Vélez, es el abogado que más acude al acoso judicial hacia la prensa en Colombia.

“En ese sentido, resulta evidente que la respuesta de Uribe Vélez también está motivada por el trabajo de Bacteria en La Nueva Prensa, medio donde el caricaturista publicó sus críticas y que también ha sido constantemente atacado por el expresidente”, aseguró la Flip.

Respecto al acoso judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha sido clara en rechazar las actuaciones de funcionarios públicos que recurren a las denuncias de injuria y calumnia “no con el objetivo de obtener una rectificación, sino de silenciar las críticas realizadas respecto a sus actuaciones en la esfera pública”.

Para el organismo internacional, el uso indebido de las herramientas legales es una amenaza a la libertad de expresión, puede tener un efecto inhibidor sobre quienes informan asuntos de interés para la ciudadanía y puede promover la censura en el debate público.