Fue anunciada la implementación de una nueva regulación para los vidrios polarizados en vehículos en Colombia, medida que entrará en vigor próximamente, con el fin de incrementar la seguridad en las carreteras y asegurar el cumplimiento de las normativas viales.
Esta disposición establece criterios específicos y tasas de polarización permitidas para aquellos conductores interesados en aplicar este tipo de protección en sus automóviles.
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Según detalles ofrecidos por Robinson Gómez, experto en asesoría para el sistema de tránsito y transporte a El Carro Colombiano, la normativa clasifica los vidrios polarizados según su nivel de transparencia, permitiendo una oscilación que va desde el 70% hasta el 14% en la transmisión de luz.
Los porcentajes están distribuidos de la siguiente manera:
- Parabrisas: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 70%.
- Vidrios laterales delanteros: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 70%.
- Vidrios laterales traseros: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 55%.
- Vidrio trasero: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 55%
- Vidrios cuartos traseros y de la quinta puerta (camionetas cabinadas): la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 14%.
Esto establece un rango de legalidad para el tintado de los cristales, alineándose con los esfuerzos para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo. Además, se ha especificado un procedimiento y coste para la obtención y renovación de la autorización requerida para estos vidrios.
Para lograr la autorización, los propietarios de vehículos deben solicitarla ante la Dijin en el comando de policía correspondiente a su departamento o área metropolitana, pasar por un proceso de revisión técnica en la Unidad Técnica de Identificación de Automotores para confirmar la autenticidad de los sistemas de identificación del vehículo.
El costo inicial para la autorización es de 20 salarios mínimos diarios legales vigentes, con una validez de dos años y una tarifa reducida para la renovación. Además, miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional disfrutarán de una tarifa especial. El pago de estas tasas se puede realizar a través de una cuenta en el Banco Popular o mediante transacciones seguras en línea.
Este nuevo reglamento no solo busca mejorar las condiciones de seguridad en las vías de Colombia sino también ofrecer claridad y transparencia en su aplicación. Para cumplir con los requerimientos, además de la consignación del pago, los interesados deben presentar una solicitud formal, un estudio de seguridad que justifique la necesidad del polarizado, y certificados que avalen la revisión técnica del vehículo y, en casos específicos, motivos de salud que requieran el uso de este tipo de vidrios.
En Colombia, obtener o renovar el permiso para polarizar los vidrios del vehículo ahora tiene costos precisamente estipulados. Para el año 2024, el valor inicial para este trámite será de $866.600 que corresponde a 20 salarios mínimos legales diarios legales vigentes por un periodo de dos años. Aquellos que busquen renovar su permiso enfrentarán un costo reducido de 15 salarios mínimos diarios equivalentes a $649.995. Esta tarifa se aplica cuando el proceso de renovación se ejecuta seis meses antes de que finalice la vigencia del permiso anterior.
Para realizar el trámite, los interesados deben acudir a la oficina de Automotores de la Dijin dentro del comando de la Policía Nacional, donde se debe llenar un formulario específico y llevar el vehículo a la unidad técnica para su identificación.
El pago de este permiso se realiza en una cuenta designada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en el Banco Popular o a través de un sistema de pago seguro en línea (PSE).
Es importante notar que, para miembros activos de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, el precio del trámite se reduce a 10 salarios mínimos legales vigentes, lo que para el año siguiente representará un coste de $433.330.
Estos costos y procedimientos han sido clarificados por la Policía Nacional con el objetivo de formalizar y asegurar el proceso de polarización de vehículos, buscando así minimizar el abuso y asegurar la legitimidad de estos permisos.
La renovación debe ser considerada con anticipación, ya que se requiere que se efectúe seis meses antes de la fecha de vencimiento del permiso actual. Esta medida busca promover la responsabilidad entre los conductores y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Por qué hay polémica en Cali por supuesta imposición de multas por exceder los porcentajes permitidos de polarización
En Cali, se generó un debate en torno a los controles sobre el uso de vidrios polarizados en los vehículos, a raíz de declaraciones por parte del secretario de Movilidad, Wílmer Tabares, y un controvertido video difundido por la Policía Nacional. Según el funcionario, las medidas de regulación responden a normativas de ámbito nacional, no exclusivamente local; sin embargo, la polémica no tardó en escalar, involucrando a congresistas y concejales de la ciudad preocupados por las implicaciones de estas acciones.
La inquietud surge principalmente de la percepción de que los vidrios oscurecidos no solo se utilizan por lujo, sino como una medida de seguridad personal. Representantes como Christian Garcés y Carlos Fernando Motoa, junto a concejales como Carlos Andrés Arias, Juan Felipe Murgueitio y Andrés Escobar, expresaron su preocupación y solicitaron a las autoridades locales reconsiderar la medida. Argumentan que limitar el acceso a esta protección podría incrementar la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la creciente criminalidad en la región.
La discusión también ha trasladado a problemas potenciales como el aumento de la burocracia y la corrupción, el incremento de los costos para los propietarios de vehículos en la gestión de permisos necesarios y la eventual criminalización de una práctica considerada por muchos como esencial para su seguridad. Además, se han empezado a recoger firmas a través de plataformas digitales en apoyo a la causa, evidenciando la movilización ciudadana en torno a este asunto.
Por un lado, Wílmer Tabares insiste en que las regulaciones buscan una armonía entre la seguridad pública y las necesidades individuales de protección, mientras que voces opuestas subrayan la importancia de considerar las realidades de inseguridad que enfrentan cotidianamente. En este contexto, la ciudadanía caldense se halla a la espera de un diálogo que pueda equilibrar estas perspectivas y ofrecer soluciones que resguarden tanto el bien común como los derechos individuales a la seguridad.