Una de las candidatas a fiscal General estaría siendo amenazada: la JEP pidió un estudio de seguridad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que lleve a cabo de manera inmediata una evaluación detallada de los niveles de riesgo que enfrenta Amelia Pérez Parra, una de las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro para ocupar el máximo puesto en la Fiscalía.

Pérez Parra, que anteriormente se desempeñó como fiscal y tuvo que buscar exilio en Canadá por amenazas a su integridad, jugó un papel crucial en las investigaciones del atentado terrorista contra el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, perpetrado por la guerrilla de las FARC.

Este esfuerzo investigativo, según reveló a un conjunto de magistrados en noviembre pasado, le ha valido una serie de amenazas que han escalado con el paso del tiempo.

La Sala de Reconocimiento de la JEP ha instruido a la Fiscalía para que “haga todo lo necesario” con el fin de evaluar y proporcionar las medidas de seguridad y protección adecuadas para Pérez Parra. Esta acción resalta la importancia de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos, especialmente aquellos cuya labor investigativa los expone a riesgos significativos.

“La posición que tomé en el enfoque de la investigación generó varios disgustos que con el pasar del tiempo se fueron convirtiendo en amenazas”, confesó Pérez Parra, que destacó el clima de hostilidad y peligro que enfrentó por su trabajo.

La JEP le negó a Amelia Pérez la posibilidad de ser reconocida como víctima del atentado de El Nogal. Según la Jurisdicción de Paz, los acontecimientos por los que Pérez Parra se vio obligada a abandonar el país y buscar asilo, junto con su familia “no fueron provocados en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, ni se consideran graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) atribuibles a las FARC o a sus redes urbanas durante las hostilidades.

La solicitud de la exfiscal se basaba en su “abierta oposición a enfocar y concentrar la investigación por los hechos de El Nogal en torno a una sola hipótesis”, según ella, siguiendo los principios básicos del derecho penal.

Sin embargo, su firme posición resultó en que fuera relevada de la investigación “injustamente”, por órdenes del entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio. Este elemento central de su argumentación buscaba evidenciar cómo su salida y posterior exilio estaban íntimamente relacionados con su papel en la indagación de un acto terrorista que sacudió al país.

Los principios básicos del derecho penal que Pérez Parra afirmó haber aplicado, buscando una investigación amplia y no limitada a una sólo línea de indagación, se presentan como un testimonio de su compromiso con la justicia y la verdad. Sin embargo, este enfoque fue, según sus palabras, lo que provocó su destitución y las consecuencias personales que siguieron.

“Las magistradas relatoras tampoco encuentran probado que los hechos victimizantes (...) hayan sido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, señala la resolución de la JEP, destacando las dificultades inherentes a trazar con precisión la línea entre las acciones derivadas directamente del conflicto y aquellas que, aunque gravísimas, no se encuadran dentro de su jurisdicción específica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó en abril de 2022 medidas cautelares de protección a Amelia Pérez, reconocida por su labor en la Unidad de Derechos Humanos y por liderar investigaciones clave sobre violaciones de derechos humanos en Colombia.

Su trabajo incluyó casos emblemáticos, como las masacres de Trujillo, El Aro, Mapiripán y la desaparición de la socióloga y militante del M-19 Nydia Erika Bautista. Amenazada por grupos paramilitares, Pérez halló refugio en Canadá debido al peligro inminente que enfrentaba por su dedicada labor de justicia.

Amelia Pérez se destacó en su papel por avanzar en las investigaciones de atrocidades cometidas en los años 90 por paramilitares con colaboración de miembros de la Fuerza Pública. Enfrentó desafíos significativos, incluyendo amenazas directas de Carlos Castaño Gil, cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras exponer la implicación de sectores de la Fuerza Pública en actos de violencia y terror. Además, estuvo al frente de las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de Bautista, caso que sacudió al país por la brutalidad evidenciada contra la militante y que señaló la participación de militares en crímenes contra la humanidad.

Su compromiso con la búsqueda de justicia también la llevó a encabezar, temporalmente en 2003, la investigación del atentado terrorista en el club El Nogal en Bogotá, perpetrado por la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Sin embargo, fue apartada de su cargo y de la Fiscalía General en medio de circunstancias controvertidas, lo que eventualmente la impulsó a buscar seguridad fuera de Colombia.