Investigan al exgobernador Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en la construcción de un laboratorio covid-19

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo Omar por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la ejecución de un laboratorio covid-19.

El proyecto buscaba fortalecer las capacidades instaladas de ciencia y tecnología para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo.

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Lo anterior cobra mayor gravedad si se tiene en cuenta que el laboratorio covid-19 es una obra financiada con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

En esta acción disciplinaria también están vinculados Jenny Camacho Neuto, exrepresentante legal de la Gobernación, además de Julio Salas Burgos y Diana Esther Celedón Sánchez, exsecretarios de Salud y supervisores del Convenio de Cooperación Especial 001 de 2020.

Entre los hallazgos del Ministerio Público están que durante la etapa de planeación se compraron equipos sin contar con la infraestructura física para instalarlos. También que, un año después de haber comenzado la ejecución, se solicitó una adición de recursos por un valor de $1.685 millones para realizar adecuaciones físicas que debían haberse incluido en el presupuesto inicial, además de una prórroga en el plazo de ejecución.

A pesar de estas adiciones en tiempo y dinero, y de que ya la pandemia por covid-19 ha sido superada, el proyecto no se ha entregado a satisfacción, pues aún faltan las obras para las áreas de procesamiento de las pruebas de coronavirus.

Entre los exámenes solicitados por el Ministerio Público a la Administración departamental están el listado de costos materiales, equipos y actividades contempladas en el proyecto, una certificación sobre si el mencionado convenio se cumplió a satisfacción y si está liquidado a la fecha.

Una vez recaudados los materiales de prueba, el ente de control calificará las conductas de Carlos Caicedo y los demás exfuncionarios implicados para determinar si incurrieron o no en faltas disciplinarias que conlleven algún tipo de sanción.

El exgobernador del Magdalena ha estado constantemente bajo la lupa de la Procuraduría. Otra de las más recienten investigaciones que le abrió el Ministerio Público fue en diciembre de 2023 por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción del acueducto El Curval de Santa Marta, una obra que costaba más de $14.000 millones.

En ese momento, el ente de control también abrió investigación a la entonces alcaldesa Virna Lizi Jhonson Salcedo y al gerente de Aguas del Magdalena S. A., Francisco Fernando García Rentería.

Lo que investiga la Procuraduría es si en los estudios previos elaborados se tuvo en cuenta el impacto que podría generar el proyecto sobre las fuentes hídricas seleccionadas para abastecerlo, las cuales provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y actualmente presentan riesgo ambiental, como son los ríos Piedras y Don Diego, entre otros.

Además, habrían desconocido un estudio técnico elaborado años atrás, que en sus conclusiones recomendó tomar el recurso del río Magdalena para evitar impactos ambientales sobre los cuerpos de agua de la Sierra Nevada y afectaciones a las comunidades ubicadas en sus riberas.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó copia de los estudios ambientales definitivos para el desarrollo del proyecto, así como del análisis contratado en años anteriores denominado Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena, que hacía una proyección del servicio a 50 años e incluía a Santa Marta entre los municipios que se verían favorecidos.

Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca establecer si la conducta es considerada como falta disciplinaria, que podría acarrear en una sanción, o si los implicados en las presuntas irregularidades actuaron al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.