Corte Suprema no eligió fiscal General de la Nación: votará nuevamente el 7 de marzo

Una vez más, la atención nacional se ha dirigido hacia la Corte Suprema de Justicia, que llevó a cabo este jueves 22 de febrero la tercera sesión del año de su Sala Plena con el objetivo primordial de seleccionar a la nueva Fiscal General de la Nación. Como hace 15 días, en esta ocasión tampoco se escogió a la nueva fiscal.

Durante la jornada se realizaron dos rondas de votación. En la primera no se escogió fiscal General y, según conoció Caracol Radio, los resultados habrían quedado así: Amalia Pérez habría recibido 13 votos; Ángela María Buitrago, tres votos; y seis más habrían sido en blanco.

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Luego, la Corte procedió a una segunda ronda de votación, pero tampoco hubo un resultado concluyente. De hecho, Noticias Caracol conoció que se hicieron cuatro rondas en total, pero en ninguna se obtuvo un resultado satisfactorio.

“La Corte Suprema de justicia se permite informar que terminada la ronda de votaciones que, conforme a nuestro reglamento, se desarrollaron en el día de hoy, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación”, declaró el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra Castro.

Sin embargo, Chaverra reconoció que en la sesión del 22 de febrero hubo un “avance bastante importante en el marco de las votaciones, en el sentido de que se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”. Con esto, concluyó Chaverra, se “permite avizorar de que estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría y declarar la elección”. Por lo pronto, la sesión fue nuevamente aplazada para el 7 de marzo: sería la cuarta jornada de votación.

Para que una candidata sea declarada como la elegida, al menos 16 de los 23 magistrados que componen la Sala Plena deben votar por ella. Las candidatas propuestas por el presidente Petro para ejercer estas funciones son Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.

Alrededor del mediodía, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó la llegada de los primeros manifestantes a la Plaza de Bolívar. No obstante, las manifestaciones han transcurrido en calma durante la mañana del 22 de febrero. Simultáneamente, ciudadanos boquearon la carrera 9A con calle 63 y más temprano hubo afectación en la carrera Séptima.

La sesión anterior se llevó a cabo el 8 de febrero: el magistrado Gerson Chaverra Castro anunció que, tras dos rondas de votación, ninguna de las candidatas logró obtener los votos requeridos para ser designada. Esta vez, aunque hubo una mayor aproximación, tampoco fue posible.

En la segunda jornada, a diferencia de lo que se ha vivido en la mañana del 22 de febrero, se vivieron momentos de tensión debido a que los magistrados no pudieron salir del recinto. Manifestantes bloquearon el Palacio de Justicia y se provocaron enfrentamientos entre miembros del Undmo (antiguo Esmad) de la Policía y algunos de los ciudadanos que exigían una pronta elección de fiscal.

Amalia Pérez, reconocida por su labor como jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, regresó a Colombia después de su exilio en Canadá desde 2003. Durante su tiempo en la Fiscalía, Pérez supervisó investigaciones cruciales relacionadas con grupos paramilitares, incluyendo la masacre del Aro, la masacre de Pichilin y el atentado al Club El Nogal. Su enfoque la llevó al exilio, pues puso la lupa sobre las actividades delictivas de líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

Además de su destacada carrera, Pérez es esposa de Gregorio Oviedo, quien tiene vínculos cercanos al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y fue director del CTI de Antioquia. Sin embargo, de ser escogida no podría culminar su periodo como fiscal debido a su edad.

Según explicó el expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, en Blu Radio, Pérez podría enfrentar dificultades porque está próxima a cumplir los 70 años, la edad de retiro obligatorio de los servidores del Estado.

Entonces, Pérez podría no completar su mandato de cuatro años como fiscal general, lo que generaría la necesidad de elegir una nueva terna para dicho cargo en dos años. Este escenario plantea incertidumbres sobre la continuidad en el cargo, aunque no está claro cómo se resolvería esta situación.