Contraloría cuestionó al Gobierno por subasta de energía y alertó por riesgos en la prestación del servicio

Para el ente de control fiscal, es previsible que las tarifas no vayan a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras

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"Se tiene que seguir contando con algunos de las plantas térmicas, dado que la energía solar es intermitente, y la subasta no incluye baterías", advirtió la Contraloría - crédito @CGR_Colombia/X

La Contraloría General de la República expresó algunas preocupaciones por el resultado de la reciente asignación de nuevas plantas de generación de energía para el periodo 2027-2028.

El ente de control fiscal hizo una revisión y análisis de la subasta de energía llevada a cabo el 15 de febrero en la que, según el Ministerio de Minas y Energía, las obligaciones de energía asignadas fueron 4,441 megavatios de plantas solares nuevas (99%) y 48 megavatios de plantas térmicas (1%).

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Lo primero que advirtió la Contraloría es que la asignación de nuevas plantas de generación de energía se hizo de manera tardía, dado que debía haberse hecho hace varios años para prevenir riesgos en el futuro energético del país.

Preocupaciones de la Contraloría

La mayor preocupación de la Contraloría es que en la subasta de energía se asignaron esos 4.489 megavatios y nadie garantiza que no pase lo que ha sucedido con subastas anteriores, las cuales se han adjudicado unos 7.000 megavatios pero no ha entrado ni el 60% de lo adjudicado.

Dados los antecedentes de anteriores
Dados los antecedentes de anteriores subastas, a la Contraloría le preocupa que no entre a tiempo la totalidad de la energía asignada por el Gobierno para 2017 y 2028 - crédito Grupo Energía Bogotá (GEB)

Según el ente de control fiscal, algunas plantas ya van a empezar su construcción. Sin embargo, no hay certeza si la cantidad asignada verdaderamente llegará en el tiempo previsto.

Preocupa también que los cerca de 4.500 megavatios en realidad no produzcan más allá de 15 gigavatios hora-día, y que no se evidencian planes de almacenamiento de energía con baterías para aprovechar y maximizar la producción que se puede llegar a tener, teniendo en cuenta que el 99% de la energía asignada es solar y el restante 1% térmica.

Advierte la entidad que se tiene que seguir contando con algunas de las plantas térmicas, dado que la energía solar es intermitente.

Sobre la demanda de energía que hay actualmente en el país, la Contraloría señaló que es aproximadamente de 230 o 240 gigavatios hora-día y advirtió que si solamente entran 15 gigavatios hora es posible que, dentro de 4 años, con un crecimiento de al menos 5% de la demanda de energía, se necesite un 20% adicional. Para describirlo de otra forma, es como si necesitaran más de 40 gigavatios hora-día y solo se adjudicaron 15.

La preocupación también abarca la disminución acelerada en los embalses con la probabilidad de que se dé una escasez energética, dado que los embalses deben revisarse planta por planta y prever que un bajo nivel comienza a priorizar las reservas para los acueductos.

Según la entidad, con el embalse agregado en el 48%, la situación se torna alarmante, por lo cual es importante que el Gobierno informe cuáles son las actividades que vienen realizándose para mitigar un posible racionamiento, que sería un costo mayor y un escenario desastroso para la economía nacional”.

La situación es más complicada si se tiene en cuenta que la hidrología actualmente está por debajo del 50% de los niveles medios de los embalses y no hay plantas de generación nuevas, por ejemplo de gas, que es uno de los combustibles de la transición energética.

Sobre esto, la Contraloría advirtió un desabastecimiento porque la producción de Colombia está por debajo de los 1.000 millones de pies cúbicos diarios y el déficit se está cubriendo con la planta de gas de importación situada en la Costa Caribe.

Para la Contraloría General de la República, las tarifas no van a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras. Esto último, teniendo en cuenta que la posible modificación de las leyes de servicios públicos, 142 y 14 de 1994, podría ahuyentar inversión.

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