Condenan a comandantes del ELN por la muerte de tres desmovilizados de las Farc en Colombia

Altos mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) enfrentan una condena por el asesinato de tres desmovilizados de las FARC en 2018, decisión que podría tener efectos en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.

El fallo emitido por un juzgado de Pasto, en pleno congelamiento de las negociaciones, impacta a los comandantes ‘Gabino’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Antonio García’, líderes clave en la mesa de diálogo. Este veredicto también alcanza a integrantes del Comando Central (Coce), el máximo órgano del ELN, entre ellos, ‘Ramiro Vargas’ y ‘Carlos Marín’.

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Gabriel Yepes Mejía y Jorge Wilfrido Rosero Marín, cabecillas de guerrillas regionales, también fueron condenados. La sentencia, prevista para mayo, podría significar hasta 60 años de prisión y una multa sustancial de 10.000 salarios mínimos para cada involucrado.

En total, todas las personas señaladas, acusadas y afectadas por el fallo son: Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino), Israel Ramírez Pineda (Pablo Beltrán), Eliécer Erlinto Chamorro Acosta (Antonio García), Rafael Sierra Granados (Ramiro Vargas) y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (Carlos Marín).

La Fiscalía colombiana, que solicitó la máxima pena, detalló que el crimen ocurrió en 2018, cuando los desmovilizados fueron sacados violentamente de sus hogares y asesinados, y sus cuerpos fueron hallados días después en una fosa en zona rural. La investigación utilizó un enfoque comunitario y análisis contextual para establecer el móvil y la responsabilidad del ELN en este trágico suceso.

“El día de los hechos los tres firmantes fueron sustraídos violentamente de sus hogares y posteriormente asesinados con arma de fuego. Sus cuerpos se recuperaron días después de haber sido enterrados en una fosa en zona rural del municipio de Samaniego”, sostuvo la Fiscalía.

Este veredicto llega en un momento crítico, ya que el ELN anunció el congelamiento de las conversaciones de paz. Además, los condenados, que ya poseen antecedentes criminales, podrían enfrentar órdenes de captura y reactivación de sentencias suspendidas si se rompen los diálogos de paz.

La violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC en Nariño, relacionada con la disputa territorial por el control de cultivos de coca y rutas narcóticas, añade un trasfondo preocupante a esta condena. La región se encuentra en vilo, no solo por el pasado violento, sino también por el incierto futuro de las negociaciones de paz en este escenario turbulento.

Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó el 20 de febrero de 2024 su decisión de suspender unilateralmente las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando una supuesta falta de compromiso por parte del Estado. Este anuncio surge en un momento crítico para el proceso de diálogo en Colombia, marcado por la esperanza de alcanzar la paz tras años de conflicto armado.

La suspensión de las negociaciones por parte del ELN se fundamenta en diversas acciones que, según la guerrilla, el Gobierno colombiano y sus fuerzas de seguridad han realizado en contravención de lo acordado previamente.

Entre los factores de discordia se menciona el inicio de un diálogo regional en Nariño sin el consentimiento del grupo armado y la omisión de acuerdos establecidos en rondas de diálogo anteriores. Estas discrepancias evidencian las complejidades inherentes al proceso de paz en Colombia, un país con una larga historia de negociaciones con grupos insurgentes.

El ministro Velasco, tras la presentación de la Política Pública de Diálogo Social en Bogotá, comentó sobre la pausa en las conversaciones, recordando que Colombia ha enfrentado situaciones similares en el pasado. Destacó la experiencia del presidente Petro en procesos de paz, dada su historia como exintegrante de un movimiento insurgente, sugiriendo que esta experiencia podría ser valiosa para superar las actuales dificultades y avanzar hacia un acuerdo de paz exitoso con el ELN. Enfatizó, además, la importancia de que el diálogo involucre no solo al gobierno, sino también a la sociedad civil, y que el ELN debería demostrar su compromiso con la paz a través de acciones concretas, como la liberación de secuestrados.

La delegación liderada por Vera Grabe, en representación del gobierno, señaló que las acciones del ELN solo contribuyen a prolongar el conflicto y la violencia, debilitando la confianza en la voluntad de paz del grupo armado. Subrayó la relevancia de los diálogos regionales y la autonomía de las comunidades afectadas por la violencia para buscar transformaciones sociales, independientemente de las decisiones del ELN.