Ambicioso acuerdo de inversiones de Gustavo Petro y Nicolás Maduro tropieza gracias a María Corina Machado

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, logró el 20 de febrero que la plenaria de la corporación aplazara la votación, en último debate,­ del proyecto de ley que avala un acuerdo de inversiones recíprocas entre Colombia y Venezuela, hasta que no se aclare el futuro político de la aspirante presidencial de ese país, María Corina Machado.

Esto, tras interponer una proposición el 19 de febreros de aplazamiento de discusión y votación del proyecto de ley 285, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones”.

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La proposición dice que “el fundamento de todo acuerdo entre los dos países, cualquier sea su naturaleza, debe ser de respeto pleno por los derechos humanos y la vigencia de las garantías democráticas”.

El congresista aseguró que “hay una mujer como María Corina Machado, a quien se les están desconociendo todos sus derechos políticos”, y que “de este lado de la frontera no podemos guardar silencio” ante esta situación.

Machado fue seleccionada como la candidata presidencial de las fuerzas opositoras al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones previstas para este año. Sin embargo, las autoridades venezolanas interpusieron varios obstáculos a su aspiración, entre ellos la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años.

Para el congresista Uscátegui, en Venezuela no se está “lidiando con una democracia cualquiera, sino con una dictadura” y todo acuerdo, aunque sea de carácter comercial, debe estar sustentado “sobre el respeto a los derechos humanos y las plenas garantías democráticas”.

Este aplazamiento se convierte en un mensaje político del Congreso de la República de Colombia, en medio de las críticas a sectores del Gobierno nacional que han guardado silencio respecto de la situación de María Corina Machado y la falta de garantías para ejercer política en el vecino país.

Es de anotar que el proyecto de ley tiene como autores al excanciller Álvaro Leyva y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza. Además, fue presentado el 6 de febrero de 2023 y aprobado en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el día 28 del mismo mes. De igual manera, se aprobó en segundo debate el 9 de octubre de 2023.

Es de anotar que el 21 de enero de 2023 se conocieron los alcances del acuerdo entre Colombia y Venezuela.

Luego de varios meses de trabajo, las delegaciones de ambos países lograron acuerdos que generan certidumbre, sientan bases firmes para el desarrollo de las inversiones y reglas claras para el comercio bilateral. “Buscamos fomentar el desarrollo y equilibrio conjunto, fortaleciendo el comercio e impulsando nuestras relaciones en la frontera”, manifestaron los ministros de ambos países.

Los altos funcionarios de las dos naciones informaron que se concluyó la negociación de un acuerdo de protección recíproca de inversiones, que será suscrito por los presidentes, para luego formular los trámites requeridos en ambos países para su puesta en vigor. Este acuerdo no tiene precedentes en la relación bilateral y busca generar mayor seguridad jurídica a las inversiones recíprocas, en todos los sectores productivos de ambas economías.

Adicionalmente, se avanzó en la revisión del Acuerdo de Alcance Parcial No. 28 que no había sido revisado desde 2012, fecha de su entrada en vigor. Este acuerdo regula el comercio bilateral de bienes y aborda aspectos tales como acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, certificación de origen y solución de controversias, entre otros.

La revisión de preferencias arancelarias busca equilibrar las condiciones del intercambio comercial de bienes para estimular encadenamientos productivos que fortalezcan la complementariedad económica entre ambos países.

Para afianzar este marco jurídico, también se ha venido adelantando un trabajo de reconocimiento mutuo de requerimientos sanitarios con la participación de los Ministerios de Agricultura de ambos países, entidades sanitarias como el ICA y el Invima de Colombia, y el Insai y la Contraloría Sanitaria de Venezuela, para fortalecer los controles sanitarios en frontera.