Polémica por decreto que le dará “superpoderes” a Petro para hacer lo que quiera con presupuestos de inversión

En un movimiento que podría redefinir el manejo de los proyectos de inversión en el país, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que conferiría al presidente Gustavo Petro facultades sin precedentes en la decisión sobre proyectos que comprometan recursos financieros de períodos futuros.

Este marco normativo, actualmente en etapa de comentarios públicos, propone que el presidente tenga la última palabra en las modificaciones presupuestales relacionadas con dichos proyectos.

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El texto del proyecto especifica que, para proyectos de inversión, las entidades gubernamentales que forman parte del Presupuesto Nacional y que operan bajo la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional deberán, previo al concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), solicitar la confirmación presidencial en tres situaciones clave: autorizaciones de vigencias futuras, su reprogramación, y traslados presupuestales.

Esta medida significaría una centralización de la toma de decisiones presupuestarias en la figura del presidente, algo sin precedentes hasta la fecha en la legislación nacional.

“Cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del Presupuesto y que pertenecen a la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), deberán solicitar la conformidad del presidente”, dice el documento, donde se subraya la importancia de la supervisión y aprobación presidencial en el futuro manejo de los fondos destinados a proyectos de inversión significativos para el desarrollo del país.

Este proyecto de decreto introduce, por tanto, un cambio estructural en la forma en que se gestionan y aprueban los recursos destinados a proyectos de inversión de gran calibre, poniendo en manos de la Presidencia una responsabilidad adicional en la vigilancia y correcto uso de los presupuestos asignados.

La iniciativa abrió un proceso de comentarios públicos, invitando a ciudadanos y expertos a aportar sus puntos de vista sobre una medida que podría alterar profundamente la dinámica de planificación y ejecución de proyectos financiados con fondos públicos.

El alcance de este decreto, de ser implementado, tendría implicaciones directas en la eficiencia y transparencia de la gestión pública, al centralizar decisiones clave en la figura presidencial y potencialmente agilizar la aprobación y ajuste de proyectos que son críticos para el desarrollo nacional. Sin embargo, también suscita preguntas sobre la separación de poderes y la descentralización de la gestión financiera en un ámbito gubernamental más amplio.

A medida que el plazo para comentarios públicos sigue su curso, la comunidad política y civil del país permanece atenta a las modificaciones y ajustes que este proyecto de decreto pueda experimentar antes de su posible adopción. El debate está servido en torno a la concentración de poder en la Presidencia y su impacto en la administración de fondos públicos destinados a proyectos fundamentales para la infraestructura y el bienestar de la nación.

Ante esto, el exministro de Agricultura y expresidente ejecutivo de Fenavi Andrés Valencia criticó lo que se pretende.

“El presidente Petro será ministro de Hacienda, ministro de Minas, ministro de Transporte y jefe de Planeación y jefe de cualquier cartera que tenga bajo su amparo un proyecto de inversión financiado con vigencias futuras. Desde ya controlando el gasto de cara al 2026″, adujo.

La publicación del proyecto de decreto se da unos días después de que el Gobierno de Gustavo Petro puso fin a la polémica y oficializó la adecuación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, tras la firma del decreto correspondiente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente Gustavo Petro.

Con esta acción se asignó un capital de $13 billones para el desarrollo de más de 100 megaproyectos a lo largo y ancho del país, incluyendo el metro de Bogotá, el metro de la 80 en Medellín y varias autopistas de cuarta generación (4G), lo que marca un precedente significativo en la inversión para infraestructura en Colombia.

La distribución de recursos garantiza la continuidad y ejecución de importantes obras de infraestructura que habían recibido luz verde del Congreso de la República en el presupuesto del año anterior.

Entre los proyectos destacados se encuentran el Regiotram de Occidente, las fases 2 y 3 de TransMilenio a Soacha, Ruta del Sol 3, el Túnel del Toyo y sus carreteras de acceso, así como la primera línea del Metro de Bogotá. En adición, se destinarán fondos a proyectos 4G vitales como Pasto – Rumichaca, Mar 1 y Mar 2, y Pacífico 1 y 3, entre otros, enfatizando el compromiso del Gobierno con la mejora y expansión de la infraestructura nacional.

Esta medida se adoptó en respuesta a la controversia surgida debido a la falta de especificación en la asignación de los $13 billones en el presupuesto inicial para 2024, solucionando así un vacío que había generado incertidumbre entre sectores académicos y empresariales.