Pierre García, exdirector del DPS señalado de corrupción, no será enviado a la cárcel: juez negó orden de captura

Sobre el mediodía del martes 20 de febrero se reveló que la juez de control de garantías de Bogotá no impuso medida de aseguramiento contra Pierre Eugenio García Jacquier, exdirectivo del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

En la actualidad Pierre García está siendo investigado por su presunta participación en un escándalo de corrupción que reveló la existencia de una organización criminal que direccionó contratos de obra civil con dinero del Estado para beneficiar a congresistas y contratistas cercanos al antiguo director.

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Según la juez la solicitud de orden de captura y medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía es bastante excesiva, por lo que decidió que Pierre García, deberá presentarse periódicamente a las audiencias que se desarrollen en el caso, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en Francia.

Para la jueza es claro que el exfuncionario no tiene la intensión de fugarse del proceso, por lo que dio visto bueno para que este se quede en Europa. “Se le impone al señor informar de su regreso al país, o cuando esta fecha sea definida”. Ya que no existen antecedentes judiciales del exdirector del Departamento Administrativo y eso a estado presente en cada citación hecha hasta la fecha.

Durante la diligencia, la juez hizo un recuento del caso y aseguró que la conducta evidenciada es reprochable, pues los contratos se habrían celebrado de una manera poco objetiva y sin, cumplir los principios propios de la contratación pública:

“Sí hubo, por lo menos, una intervención o una manera de interesarse de una forma indebida en esos contratos”, aunque el investigado no participó en el direccionamiento de los contratos, sí “hubo directrices” y un interés indebido que habría favorecido a algunos contratistas y senadores.

Añadió que la Fiscalía pudo establecer que se está hablando de un grupo organizado del cual hacían parte más de quince personas y que está activo desde hace más de dos años. Por lo que la juez consideró que no hay riesgo de que el procesado siga cometiendo las irregularidades que la Fiscalía le imputó al exfuncionario público.

Por el momento, la juez determinó que el investigado debe informar a la Fiscalía o al juez de conocimiento al que llegue el caso, la fecha de su regreso a territorio nacional, el sitio en el que va a vivir y que detalle cada cambio de dirección o de teléfono que tenga. Al concluir la diligencia, tanto el representante de la Fiscalía como el de la Procuraduría apelaron la decisión.

Durante su último pronunciamiento solicitó a la juez permitirle defenderse en libertad y negó los delitos atribuidos. Al inicio de la diligencia, el exfuncionario tomó la palabra: “Vengo a usted a reafirmar que rechazo categóricamente las imputaciones de la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento”.

El exdirector aseguró que las pruebas en su contra se basan en un testimonio falso de un delincuente confeso y que la teoría de la Fiscalía son meras inferencias, para señalarlo como determinador de una red de corrupción en alianza con senadores y otras personas.

“Para mí es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción de miles de millones de pesos cuando la evidencia que reposa en el expediente y las pruebas que aportará mi defensa demuestran que no se perdió un solo peso del Presupuesto General de la Nación”, señaló.

Según su versión, no se le pueden atribuir hechos de corrupción porque no se ejecutaron recursos en los mismos. “No solo el convenio firmado por el DPS tuvo 0% de ejecución y no hubo ningún anticipo, sino que, cuando me correspondió ser director encargado de Prosperidad Social, se aplicaron las medidas que llevaron a que no se diera prórroga al convenio, es decir, que se diera por terminado el convenio con Proyecta, entidad de Gobernación del Quindío, sin ningún perjuicio para Prosperidad Social o la nación”.

El procesado además cuestionó la actuación del ente acusador y señaló que solo hasta esta audiencia se le permitió defenderse. “La Fiscalía ya me ha causado un gran daño en actuaciones desleales en la investigación y falsedades de tal magnitud que se ha vuelto un escándalo nacional (...) pero que ha logrado tal notoriedad que incluso el presidente de la República sin conocer nada sobre este asunto ya me condenó por adelantado”, afirmó García.

“Su señoría, ruego, usted me conceda el derecho para defenderme en libertad y poder así defender plenamente mis derechos en un proceso, donde tanto investigador como el jefe del Ejecutivo desconocen el valor del debido proceso y que no he sido vencido en juicio”.