ELN reanudó el paro armado en Chocó por los combates que sostienen contra el Clan del Golfo

Aunque la semana pasada, el grupo insurgente anunció el fin del paro armado en varios municipios del departamento del Chocó, en el litoral Pacífico, nuevamente hay parálisis en ese territorio por cuenta de los combates que sostienen contra el Clan del Golfo, también conocidas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Los subversivos anunciaron el lunes que no permitirían el transporte fluvial en los ríos Sipí, San Jorge, y San Juan, así como en sus afluentes, ante los enfrentamientos con el grupo descendiente de las extintas AUC, informaron en la emisora La W Radio.

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“Que se abstengan de movilizarse el 19 de febrero (...) ya que se siguen adelantando los combates”, citaron en el medio radial de uno de los panfletos de los guerrilleros.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo denunció que por el recrudecimiento de las hostilidades armadas entre esas organizaciones criminales, están confinadas, de manera forzada, las poblaciones de Istmina, Sipí, Litoral del San Juan, Nóvita y Medio San Juan.

“Es tan crítica la situación, que no se han podido transportar, vía fluvial, las ayudas humanitarias a quienes temen salir de sus territorios. Los enfrentamientos armados están vulnerando los derechos fundamentales de los pobladores (sic)”, detallaron en su cuenta oficial en la red social X.

Agregaron que están en riesgo de perderse los enseres y alimentos que donaron a los habitantes de esas zonas del departamento la Diócesis de Istmina-Tadó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fischetnico), y las alcaldías de Sipí, Istmina y Medio San Juan.

“Hace tres días se levanta el paro armado anunciado públicamente, pero se reciben unos anuncios, la noche anterior, de que no se pueden movilizar por el territorio”, dijo en el informativo de televisión Noticias RCN Elizabeth Moreno, miembro de Fischetnico.

Por eso la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que protejan a los civiles ante la situación de violencia entre esas agrupaciones armadas al margen de la ley.

“Exhortamos a los cuerpos de seguridad del Estado a brindar las debidas garantías para que las ayudas puedan llegar a los lugares donde persiste el confinamiento, permitiendo a la población salir a hacer sus actividades del día a día (sic)”, solicitaron.

En medio de esta crisis humanitaria, miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional, que participaban en la mesa de diálogos con el ELN, se desplazaron a Quibdó para atender a los gobernantes y líderes en la zona del San Juan, tras el confinamiento de la comunidad causado por el paro armado.

La medida impuesta por el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla, que se suponía que iba del 10 al 14 de febrero, afectó a más de 27.000 personas, confinándolas en el sur del departamento. Esto ocurrió apenas cinco días después de que se extendiera el cese al fuego con el Gobierno nacional por seis meses.

Al encuentro asistieron Vera Grabe, que encabeza al grupo de negociadores, y los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, junto con representantes del mecanismo de seguimiento y verificación.

También estuvo presente la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, que manifestó que cualquier acuerdo de paz debe involucrar a la sociedad civil.

“El cese al fuego resulta insuficiente ya que solo abarca un alto en las hostilidades entre las fuerzas armadas y el ELN. Debe ampliarse a la comunidad, considerando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de las comunidades y los individuos involucrados”, afirmó.

No obstante, como indicó la funcionaria, el conflicto provocado por el confinamiento radica en la lucha territorial por el control de actividades ilícitas, enfrentando a la guerrilla con el Clan del Golfo, comunidad que ha expresado su deseo de paz y aceptación de la propuesta gubernamental.

Mientras que el congresista Cepeda destacó que tienen un nuevo objetivo y es el de extender la pausa en las hostilidades con el resto de estructuras armadas que azotan al país.

“El reto es cómo expandir esa protección, logrando al menos un consenso de respeto por los ceses al fuego bilaterales existentes. Se ha debatido sobre un cese multilateral, aunque parece complejo”, comentó.

La jefa de la delegación expresó una opinión similar: “Las acciones deben incluir a la población civil, no solo se trata de un cese al fuego entre los combatientes y el ejército, sino de expandirlo a la población. El proceso de paz no solo concierne al ELN, debe abarcar a otros grupos para erradicar definitivamente la violencia”.