Defensoría alertó por la poca implementación del Acuerdo de Paz: “Hay recursos, pero no hay mayores avances”

La Defensoría del Pueblo publicó el martes 20 de febrero de 2024, el V Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en la que expuso pocos avances en el acuerdo de paz firmado en 2016.

La documento dejó claro que, mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, difícilmente habrá reforma rural, el retorno de los desplazados será un imposible y el debido cumplimiento de la política de restitución de tierras se verá retrasado.

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Además, las mujeres continúan enfrentando barreras en el disfrute de sus derechos a condiciones de vida dignas, a la tierra y la participación, según el informe de la Defensoría. Hay un avance precario, repara el Informe, en materia de adjudicaciones de predios provenientes del Fondo de Tierras a favor de las mujeres rurales.

“A la paz le asignaron recursos importantes para garantizarle su consolidación en el país, pero no hay mayores avances. Nos preocupa la forma como los están destinando”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Reiteró de manera especial que no habrá paz y menos total si en los territorios no es garantizado el proceso de retorno. “Contribuirá en gran medida el hecho de que las víctimas de desplazamientos forzados, colectivos o individuales, y de despojos puedan volver a sus lugares de siempre con las correspondientes garantías que les debe otorgar el Estado”, puntualizó Camargo Assis.

“Hoy no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del acceso a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refiere”, expresó el defensor del Pueblo.

El informe de seguimiento al acuerdo de paz advirtió que tampoco hay claridad sobre la forma de ingreso de los bienes al Fondo de Tierras. Según la Defensoría, aunque se alude una cifra que supera los dos millones de hectáreas, el dato de la tierra adjudicada da cuenta de la mitad de ese número, entregado por la vía de nuevas adjudicaciones.

En lo que se refiere a la formalización de la tierra, es aducido un monto que supera los cuatro millones de hectáreas de los siete millones que constituyen la meta, indica la entidad. Sin embargo, “las cifras no son confiables” y es advertida lo que sería una doble contabilización.

El documento hizo énfasis en que la falta de claridad en los números ha sido admitida por el propio Gobierno nacional.

“La política de restitución de tierras presenta un serio atraso histórico. Las metas propuestas a diciembre del 2023 no alcanzaban el 50% de su ejecución, razón por la cual desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a la Unidad de Restitución de Tierras que propusiera un plan de choque, teniendo en cuenta el informe que presentamos con la Procuraduría General a la Corte Constitucional. El plan fue concretado y está arrojando avances, particularmente desde el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras. De lo que se trata es de avanzar en la reparación a las víctimas”, dijo Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo señaló que el acceso a la tierra y su formalización no podrán ser posibles si hay actores armados al margen de la ley que instigan ocupaciones ilegales y promueven en las regiones actividades que derivan en economías ilícitas.

El informe de seguimiento al acuerdo de paz de la Defensoría reconoció el esfuerzo del Gobierno en la implementación de la jurisdicción agraria, con al Acto Legislativo 03 de 2023, lo cual permitió, según la entidad, que actualmente cursen en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria, sobre su integración y estructura, y el proyecto de ley ordinaria, relacionado con su funcionamiento y competencias.

Para la Defensoría, tanto el Congreso como el Consejo Superior de la Judicatura han jugado un papel preponderante en el tema de la Jurisdicción Agraria. El primero, al aprobarlo; el segundo, por su rol en la implementación.

Aunque ha habido avances, la Defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno nacional mantener una dependencia dedicada exclusivamente a coordinar la implementación del acuerdo.

“A siete años de la implementación del Acuerdo Final de Paz, menos del 50% de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial ha iniciado procesos de gestión, razón por la que es fundamental la puesta en marcha de un órgano de articulación, sobre todo porque a la paz le fueron asignados recursos por 50 billones de pesos, lo que amerita garantizar su verdadera consolidación”, concluyó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.