Garantizar la seguridad en la Corte Suprema le pidió el Consejo de Estado al alcalde de Bogotá ante tercera jornada de votación de fiscal

El Consejo de Estado emitió una orden para que la administración distrital de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, garantice la seguridad en el Palacio de Justicia y sus alrededores, en vista de la próxima Sala Plena de la Corte el jueves 22 de febrero.

Esta medida se tomó tras el incidente del pasado 8 de febrero, cuando manifestantes asediaron y bloquearon el Palacio de Justicia durante la votación en la Corte Suprema para elegir a la nueva fiscal general. Las protestas dificultaron que los magistrados pudieran salir del recinto.

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La orden del Consejo de Estado se dio en respuesta a una demanda presentada por un ciudadano, Gerardo Antonio Duque Gómez, que solicitó protección para los derechos fundamentales y la seguridad de las personas que trabajan en el Palacio de Justicia, así como de los ciudadanos y niños que estudian en colegios cercanos a las instalaciones judiciales.

Por lo tanto, el alto tribunal ordenó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tome medidas necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores. Esto incluye el aumento del pie de fuerza, el establecimiento de controles de tráfico en las zonas cercanas y otras medidas como “la actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior, para identificar y ejercer vigilancia sobre personas interesadas en infiltrar las marchas con el propósito de desestabilizarlas y generar estados de alteración o afectación del orden público”, como se lee en el documento del Consejo de Estado.

Esta decisión surge por la próxima votación para elegir a la nueva fiscal general entre Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago. La Policía de Bogotá señaló que ya tiene planeado un dispositivo de seguridad para la crucial jornada de votación de la Corte Suprema.

El general José Gualdrón, comandante de la institución en la capital, dijo que ya se han hecho dos reuniones con varios sectores: “Desde ayer (19 de febrero) se asumió una actividad de seguridad en los alrededores del palacio de justicia (...) Tenemos factores de atención: en la plaza de Bolívar, en el Parque Nacional, en el Búnker de la Fiscalía; son más de 1.800 uniformados y estamos preparados”.

La orden del Consejo de Estado es de cumplimiento inmediato y busca prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas y el normal desarrollo de la elección de la fiscal General de la Nación. Hasta ahora, el alcalde no se ha pronunciado al respecto.

El 8 de febrero, el sindicato de maestros Fecode, centrales obreras y diferentes sectores convocaron una manifestación en apoyo al Gobierno Petro. Inicialmente esta tenía como destino final la sede de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara que la manifestación era contra la impunidad, se fijó como punto de llegada el búnker de la Fiscalía.

A pesar del cambio, decenas de manifestantes pasaron por el palacio de justicia, donde estaban sesionando los magistrados de la alta Corte, escuchando la rendición de cuentas del exfiscal Francisco Barbosa y, luego, votando por las ternadas para ocupar ese cargo.

Fue en la tarde del 8 de febrero que se vivió incertidumbre y tensión en el centro de Bogotá. Los enfrentamientos entre miembros del Undmo (antiguo Esmad) y personas que se concentraban en ese lugar por, aparentemente, hechos violentos generaron que los magistrados estuvieran retenidos por varias horas en el recinto, con el fin de proteger su vida.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza el asedio al palacio de la capital de la república (...) además de afectar el derecho a la libertad de locomoción pone en grave riesgo la vida de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes (...) La Corte defiende el derecho a la protesta pacífica; sin embargo, condena el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”.

En su momento, el alcalde Carlos Fernando Galán se unió a ese rechazo. Ahora, deberá tomar medidas preventivas para el 22 de febrero, cuando se repetirá la votación. No obstante, hasta el momento no se conocer convocatorias a manifestaciones ese día en Bogotá.