En recientes declaraciones, la congresista Susana Boreal manifestó su oposición hacia las políticas de restricción en el consumo de drogas en Medellín, lo que generó una reacción contundente por parte de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y negociador del Gobierno en las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN.
Lafaurie, a través de su cuenta en X, cuestionó la posición de la congresista, sugiriendo que su preocupación surge solamente cuando se tocan temas relacionados con el consumo de marihuana.
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Este intercambio de declaraciones ha encendido el debate sobre las políticas de drogas en Colombia, especialmente en Medellín, una ciudad que ha enfrentado desafíos significativos relacionados con el narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas.
Boreal, que abiertamente ha reconocido su consumo de marihuana, instó a la sociedad y a los líderes políticos a enfocarse más en las problemáticas urbanas y en las necesidades de los ciudadanos, en vez de centrarse únicamente en la restricción del consumo de drogas.
Entre tanto, Lafaurie defiende la necesidad de abordar el tema del consumo de estupefacientes como parte de una estrategia más amplia para mejorar la convivencia y seguridad en las ciudades colombianas.
El diálogo entre representantes políticos, activistas y ciudadanos sobre la mejor manera de abordar el consumo de drogas y sus consecuencias sigue siendo un tema de vital importancia en Colombia.
Por qué la congresista Susana Boreal invitó a la comunidad de Medellín al desacato contra medida restrictiva del consumo de drogas
La representante a la Cámara por Antioquia, Susana Gómez, también conocida como Susana Boreal, le solicitó oficialmente a la Corte Constitucional que se inicie un proceso de desacato contra la alcaldía de Medellín.
Dicha petición se fundamenta en la reciente aprobación de un decreto por parte del alcalde Federico Gutiérrez, el cual restringe el consumo de sustancias psicoactivas en ciertas áreas públicas de la ciudad antioqueña, una medida que según la congresista, contraviene la sentencia C-127 de la Corte.
En el decreto emitido por la administración de Fico Gutiérrez, en el que se establecieron zonas específicas dentro del distrito de Medellín donde se prohíbe completamente el consumo de drogas, lo cual, de acuerdo con Susana Boreal, sobrepasa las competencias de la alcaldía al abordar un tema que debería ser regulado a nivel departamental o municipal.
“La alcaldía de Medellín carece de competencia para establecer prohibiciones relacionadas con el porte o consumo de sustancias psicoactivas. Esta facultad recae en las asambleas departamental, los concejos distritales y los concejos municipales a nivel territorial”, dijo Susana Gómez.
La congresista por el Pacto Histórico argumentó que existen ciertos períodos y lugares donde la presencia de menores de edad no es constante, y en dichos contextos, las restricciones absolutas al consumo podrían no ser necesarias. Gómez sostiene que tales prohibiciones vulneran derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.
Además, Susana Boreal criticó que el decreto no considere una visión de salud pública que promueva la prevención del consumo problemático de sustancias. Resaltó la importancia de no estigmatizar ni criminalizar a los consumidores, compartiendo su experiencia personal relacionada con la persecución derivada de la estigmatización. La parlamentaria hace hincapié en la necesidad de abordar el consumo desde una perspectiva que no excluya a los individuos de la sociedad.
Esta reciente solicitud de la congresista Susana Gómez a la Corte Constitucional subraya una vez más el debate en torno a las políticas de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y los límites de la autonomía de las autoridades locales para establecer restricciones sobre este tema.
La situación en Medellín ilustra las diversas facetas de un problema complejo que involucra no solo la salud pública sino también derechos fundamentales y la competencia legislativa de diferentes niveles de gobierno.